Garzón invoca ante Straw el deber del Reino Unido de "extraditar o castigar" a Pinochet

El juez Baltasar Garzón, según las alegaciones presentadas ayer al ministro del Interior del Reino Unido, Jack Straw, invoca el principio de "aut dedere aut punire" que los jueces lores han definido, el pasado 24 de marzo, al enjuiciar el caso Pinochet, como "extraditar o castigar" al general por los delitos de tortura y conspiración para torturar. El juez incluye los 1.198 desaparecidos como casos de tortura. La defensa de Pinochet ha pedido a Straw que revoque su autorización al proceso de extradición y deje en libertad al general dado el recorte drástico del caso.

Tras largas jornadas de trabajo, el juez Garzón concluyó el pasado martes las alegaciones con una exposición ante el equipo integrado por el fiscal Brian Gibbins, de la Fiscalía de la Corona, y el abogado Alun Jones, en su despacho de la Audiencia Nacional. De regreso a Madrid, la Fiscalía británica entregó ayer al ministro del Interior un documento de 11 folios.Paralelamente, la defensa de Pinochet, el Gobierno de Chile y las organizaciones Amnistía Internacional y Human Rights Watch, de Nueva York, también elevaron sus respectivos escritos. El ministro Straw ha solicitado estas alegaciones para decidir, a la luz de la reciente resolución de los jueces lores, si cabe emitir una nueva autorización del proceso de extradición de Pinochet, si se complementa la anterior decisión, del 9 de diciembre de 1998, o si simplemente echa marcha atrás y deja marchar al ex dictador.

El juez Garzón y sus colegas del Servicio de Fiscalía de la Corona subrayan que han sido los lores quienes han recordado el principio y la obligación del Reino Unido de entregar o juzgar a Pinochet como resultado del Convenio Internacional Contra las Tortura.

El escrito alega que entre los casos de tortura aportados en la petición inicial de extradición y la ampliación, al amparo del artículo 13 del Convenio Europeo de Extradición, en las últimas semanas existen 46 casos a partir del 8 de diciembre de 1988, fecha en que la ley entró en vigor en el Reino Unido, y 5 casos posteriores al 29 de septiembre de 1988, día en que se firmó la conversión en ley de los acuerdos internacionales.

El escrito estima que entre 1988 y 1990, seguía en pie en Chile el aparato represivo montado personalmente por Pinochet después del golpe militar y se anuncia que la investigación sigue adelante en España, por lo que se añadirán nuevos casos de tortura a partir del 8 de diciembre de 1988. Recuerda, asimismo, el caso de los 1.198 desaparecidos, que considera como tortura para sus familiares, según diversas resoluciones de Naciones Unidas y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El escrito concluye con que no ha habido un cambio de circunstancias desde el 9 de diciembre de 1998 (autorización de Straw) que obliguen a cambiar dicha resolución.

La defensa de Pinochet estima que la resolución de los lores del pasado 24 de marzo han dejado invalidada la citada resolución de Straw, por lo que le solicitan que la revoque sin más y no dicte una nueva autorización. Esta vez, la defensa del ex dictador entra en consideraciones de naturaleza política, al atacar las recientes resoluciones del juez Garzón y de la Fiscalía de la Corona. "Pinochet perdió el referéndum de octubre de 1988, admitió la derrota y comenzó a retirarse del poder hasta la entrega del mismo en marzo de 1990", dijo una fuente de la defensa del ex dictador a éste periódico. "Esto lo planteamos claramente en nuestras alegaciones. No tiene sentido plantear que usaba la tortura en 1988 para mantenerse en el poder".

El Gobierno de Chile alega que a la luz del recorte drástico de cargos contra Pinochet en el Reino Unido, el único país en el que podría ser juzgado por una mayoría de delitos, incluso asumiendo la autoamnistía de 1978, sería Chile. El Gobierno recuerda que ha solicitado al Consejo de Defensa del Estado la personación en las querellas planteadas hasta ahora (19) contra Pinochet en Chile.

Amnistía Internacional y Human Rights Watch recuerdan en sus alegaciones que no existe posibilidad de juzgar a Pinochet en el Reino Unido y proponen a Straw seguir adelante con el proceso. El ministro decidirá de aquí al 15 de abril.