Cabanillas pide una financiación pública "plurianual" para RTVE

El director de RTVE, Pío Cabanillas, no ve más salida para la financiación del ente que asegurarla "primordialmente" a través del Presupuesto del Estado, en programas que abarquen varios años y cuyos recursos se apliquen a actividades definidas como de servicio público. Esta propuesta, formulada a puerta cerrada ante una subcomisión del Congreso a finales de marzo, corrige, en parte, la de Álvarez Cascos.

El actual director general de RTVE ha construido su discurso sobre el futuro del ente público en torno a la idea de que el Estado tiene todo el derecho de condicionar la programación y los servicios que RTVE debe prestar; y vincula estrechamente ese derecho a la obligación de financiarlo, según se desprende del contenido del documento presentado a la subcomisión parlamentaria encargada de buscar salidas al futuro de RTVE.Ese discurso, en línea con el sugerido desde la Comisión Europea en los últimos meses, se aleja un tanto del lenguaje usado en el documento enviado por el vicepresidente primero del Gobierno, Francisco Álvarez Cascos, a esa misma subcomisión parlamentaria el verano pasado, que fue acogido con amplio escepticismo por la oposición. El expuesto recientemente por Cabanillas causó alguna sorpresa, hasta el punto de que la diputada socialista Rosa Conde declaró que había visto en ello "un poco de luz al final del túnel".

El documento de Cabanillas reconoce la necesidad de aceptar pautas de programación y que el Estado pueda fijar porcentajes para géneros concretos (infantiles, informativos, divulgativos, deportes....), para tramos horarios y para producción propia y extranjera. El informe de Cascos enfatizaba que las radiotelevisiones públicas, desde su autonomía e independencia, debían ser las únicas responsables de su programación. "Instancias externas no deberían, en ningún caso, pretender diseñar, de forma directa o indierecta, las parrillas o los contenidos de los programas de las mismas", se leía en el texto del vicepresidente.

El documento de Cabanillas, sin mojarse demasiado, se remite al Estado para establecer obligaciones respecto al cine, teatro, acceso a grupos sociales o desconexiones territoriales, entre otros ejemplos.

En cuanto a la financiación de RTVE, el informe de Cascos fijaba porcentajes concretos: entre el 30% y el 40% de los recursos debía proceder de ingresos comerciales y entre el 70% y el 60% saldría de las aportaciones públicas. El de Cabanillas elude precisiones de este tipo y hace hincapié en el principio de la financiación pública como sostén principal de la programación y de los servicios demandados por el Estado a RTVE.

El documento de Cabanillas puntualiza que "posibles actividades comerciales, al margen de la función de servicio público atribuida por el Estado a RTVE, no podrían ser financiadas con cargo a fondos públicos". Si el Estado decidiera que los canales temáticos de pago o el suministro de programas de RTVE a otros medios quedaran fuera de la función de servicio público, estas actividades "únicamente podrían ser financiadas con los ingresos comerciales derivados de las mismas". Asimismo, es partidario de fijar limitaciones adicionales a la publicidad en TVE. Por el contrario, para Cascos, "la publicidad en la televisión pública es plenamente legítima, normal, contemplada en los restantes países europeos, y no debería ser limitada". Cabanillas matiza que "descartado por todos (partidos y opinión pública) el canon , la única vía clara y factible es la presupuestaria".

En cuanto a la organización de RTVE, el informe de Cabanillas coincide con el de Cascos en la necesidad de reformar el Consejo de Administración de RTVE, que, a su juicio, "no debería reproducir el control político que ya realiza la comisión de control parlamentario".