Los lores británicos encontraron la fórmula para pasar la 'patata caliente' al ministro del Interior

El chófer enfiló el flamante Volvo gris petróleo por la carretera A-30, cerca de Londres, y antes de llegar a unas vallas en el cruce con una calle llamada Portnall Drive, con ademán de guía turístico, dijo: "¿Lo ve?, es aquí. Los manifestantes pueden colocarse detrás de esas vallas. Cuando vienen los autobuses, parece que hay un partido de fútbol". Dio la vuelta suavemente apartándose del camino principal y se internó en una especie de parque natural, la urbanización Wentworth Estate, dejando atrás unos sesenta metros de vallas metálicas. A los cuarenta metros frenó.

"Ya no puedo seguir, tendrá que arreglárselas usted con ellos. Le dejo el teléfono, por si me necesita para volver", advirtió, y extendió una elegante tarjeta de Virgina Water Car Service Ltd., que ofrece chófer para conducir autos de lujo. Aquí, cien metros más allá de un cubo prefabricado que lleva la sigla Communications, en el que viven día y noche tres policías del departamento de Surrey, está el caserón de ladrillos rojos, el número 25, llamado Whitedown, que alquila el general Augusto Pinochet, con salón en la planta baja, estudio y cuatro habitaciones en la planta alta. "Si se ve con el estándar de aquí, se trata de una casa modesta", dice el chófer.La baronesa Margaret Thatcher vino a Wentworth el pasado viernes por la tarde para salir por televisión apoyando a Pinochet. Trajo whisky y chocolates. Entonces, el viernes 26, Pinochet ya era, según el fallo de siete jueces lores, un presunto conspirador y un presunto organizador de un régimen de tortura en Chile, al menos a partir del 8 de diciembre de 1988. La baronesa no ha interpretado así el fallo. Y no es la única.

Mala espina

Fue el abogado de la Fiscalía de la Corona, Alun Jones, el especialista number one en extradiciones, quien tuvo la mala espina de que algo estaba mal en el segundo juicio sobre la inmunidad de Pinochet, nada más comenzar el 18 de enero de 1998. Lo que le interesaba al presidente del tribunal, lord Browne-Wilkinson, era una cosa: la ley británica de extradición. La inmunidad, tema sobre el que debía girar el juicio, parecía un asunto secundario. El 4 de febrero, tras 12 sesiones, el juicio terminó donde había empezado: la ley británica de extradición.Jones preparó ese día 4 un nuevo escrito de alegaciones exclusivamente sobre la extradición. La defensa de Pinochet defendía la inmunidad absoluta y total de Pinochet, pero, por si fallaba, arguyó que el delito de tortura -el principal a debate- no era un delito de extradición. Según explicó, para ello hace falta que un delito hubiese sido perseguido como tal en el Reino Unido en el momento en que se cometieron los hechos. No basta que sea delito, sostuvo, en el Reino Unido y en España (doble criminalidad) en el momento que se pide extraditar a alguien.

Alun Jones, mientras los miembros del comité de apelación leían su obra Jones sobre la extradición, gastó todo su tiempo en hablar sobre el proceso de extradición desde 1870 hasta ahora, sin poder referirse al caso de Pinochet. "La aplicación retrospectiva de la extradición, a diferencia de una penalización retroactiva, no es per se desleal o ilegal. El propósito del procedimiento es simplemente permitir a otro Gobierno tratar a un fugitivo en el momento en que una conducta criminal es un delito en el Estado requirente. En la ley internacional, la retrospectividad de la extradición es algo inherente. Se supone que el Parlamento legisla en correspondencia con la ley internacional".

Pues no, dicen ahora, en un viraje interpretativo radical, al menos cinco de los jueces lores que votaron por quitar parcialmente la inmunidad a Pinochet. El sexto, lord Millet, no ha participado del apaño y se mostró partidario de no poner la fecha de 1988.

Lo que los jueces lores intentan es vaciar de contenido el caso bajo la fórmula de la inmunidad parcial, dejando para una eventual extradición los casos de tortura a partir de diciembre de 1988. Su voluntad de apaño se advierte cuando insisten tanto en que el ministro del Interior, Jack Straw, reconsidere el caso. Por su parte, el juez Baltasar Garzón ha contraatacado. Ha enviado a Londres 31 casos a partir de finales de septiembre de 1988, aparte de los 8 ya existentes en la primera petición de extradición.