Los populares renuncian a su plan de "amnistía" urbanística en Castilla y León

El grupo parlamentario del Partido Popular en las Cortes de Castilla y León decidió renunciar, por el momento, a incluir una amnistía urbanística dentro de la Ley de Urbanismo de Castilla y León que ayer fue aprobada en la Cámara legislativa. Según el procurador y senador del PP César Huidobro, la medida no ha llegado a la ciudadanía en los términos que pretendía el PP, "incluso se ha pretendido dar a entender que esa amnistía iba destinada a determinadas personas".

El PP sostiene, por el contrario, que "los colectivos en favor de los que iba la medida eran precisamente los particulares y los ayuntamientos y no grandes promotores y constructores".La enmienda con la que los populares querían aplicar esa amnistía urbanística autorizaba todas las ocupaciones de suelo efectuadas al margen de la legalidad con anterioridad al 1 de enero de 1999. Además, se establecía que la regularización debía determinarse de oficio a través de los ayuntamientos o la propia comunidad autónoma o a instancia del propietario de la superficie a regularizar.

Toda la oposición parlamentaria se oponía a tal medida mientras que el PSOE pedía la devolución del texto a la ponencia que elaboró la Ley de Urbanismo. Las protestas en contra de esta amnistía también se escucharon desde diferentes colectivos sociales de la región como algunos colegios de arquitectos. Según Huidobro, casi todas las áreas que se pretendían regularizar con la enmienda que se introducía en la Ley de Urbanismo pertenecen a "pequeños y medianos propietarios que habían prescindido en algunos casos de los proyectos de construcción o de urbanización".

Prescripción de la multa

Según Huidobro, que insistió en que esa enmienda "no beneficiaba a nadie", la regularización debía llevarse a cabo haciendo cumplir a los propietarios con todas las obligaciones establecidas y sancionándoles en el caso de que la multa con anterioridad aplicada no hubiese prescrito.En caso de no poder hacer cumplir esos condicionantes "se procedería a la demolición de las edificaciones ilegales", indicó Huidobro.

Al margen de lo anterior, el Senador popular también señaló que su grupo no renuncia a regularizar esas situaciones ilegales en la próxima legislatura y anunció que se reabrirán las negociaciones con los sectores implicados para solucionar los problemas de las construcciones ilegales hasta el 1 de enero de este año.

César Huidobro no avanzó si esas soluciones que pretende el PP se aplicarán mediante una nueva ley o un decreto, "como se ha hecho en otras comunidades", explicó.

El procurador del PSOE Antonio de Mer aseguró tras la retirada de la enmienda que lo importante es conseguir una ley del suelo "más sensata y con menos favoritismos con los problemas de las construcciones ilegales".