La Audiencia condena a 18 años de prisión a seis acusados en el fraude fiscal del "caso Kepro"

La Audiencia de Barcelona condenó ayer a un total de 18 años de prisión a seis acusados en el fraude fiscal inmobiliario descubierto por Hacienda a finales de 1992 tras la adquisición de dos fincas en Diagonal Mar, la última gran zona edificable de Barcelona, y de otros solares en la costa catalana, concretamente en la localidad de S"Agaró. El principal implicado, el empresario Juan Manuel Rosillo, en aquella época consejero delegado en España de la multinacional estadounidense Kepro, ha sido condenado a seis años y seis meses de prisión por tres delitos que llevaron a ocultar al fisco más de 1.000 millones de pesetas. El caso se remonta al 2 de marzo de 1990, cuando los propietarios de las dos fincas situadas en la zona conocida como Diagonal Mar, en el distrito barcelonés de Sant Martí, recibieron de la empresa Profimar un total de 950 millones de pesetas -unos 450 en dinero negro- por la venta de los terrenos, según relataba un informe del Ministerio de Hacienda en 1994. El mismo día Profimar revendió las fincas a Kepro por 1.330 millones de pesetas (1.188 millones más 142 en concepto de IVA), operación en la que se ocultaron a Hacienda impuestos patrimoniales y unos 200 millones en comisiones cobradas por los distintos acusados. La sentencia declara probado que los dos letrados acusados en el caso, Ricardo saegner y Alfredo saegner, de acuerdo con el resto de los acusados, emplearon como tapadera la sociedad pantalla Profimar, que actuó como intermediaria en la reventa de los terrenos a la multinacional Kepro. El testigo clave Precisamente, para no llamar la atención en la constitución de la nueva sociedad, los saegner decidieron emplear al frente de ella a un deficiente mental, Juan F. B. -recientemente fallecido, a los 53 años-, con el que Ricardo saegner trabó amistad. Este testigo ha sido la pieza clave de la trama que ha ayudado a destapar el trato vejatorio y el engaño que sufrió este deficiente mental por parte de uno de los abogados. Según declaró Juan F. B. en diciembre pasado, el "señor Ricardo" acudía siempre a él en el Turó Park de Barcelona para darle limosnas y un día de 1989 "le ofreció firmar unos papeles por dinero". "Me dijo que no había trampas, pero yo, tonto de mí, confié", dijo Juan F. B., quien en aquella fecha fue conducido por Ricardo Saegner a un despacho y aceptó recibir la totalidad de las acciones de la empresa Profimar a cambio de un sobre con 40.000 pesetas. A Juan F. B. le abrieron una libreta de ahorros con 90.000 pesetas. Meses más tarde, Hacienda le reclamaba un impago de 25 millones por impuestos. Por ese motivo, y siempre según lo relatado en el juicio por este testigo, fue vestido elegantemente de arriba abajo y le pusieron en un avión con destino a Caracas (Venezuela), adonde llegó solo el 2 de abril de 1992 y sin conocer los motivos de su viaje. La sentencia ha impuesto entre un año y medio y cinco años de cárcel a otros cinco acusados, entre ellos el abogado Ricardo Saegner, por utilizar a una "persona deficiente como tapadera de la operación". La sala reprocha al letrado que emplease a Juan F. B. y luego intentase deshacerse de él como si "fuese una prueba y enviándole solo a Caracas, donde deambuló durante 25 días sin dinero y en peligro". Por el contrario, la Audiencia de Barcelona ha absuelto a otros cuatro implicados y ha impuesto a los seis condenados multas por valor de 2.300 millones de pesetas y les obliga a indemnizar a Hacienda por la misma cantidad.