El PP elimina obstáculos legales para que los militares puedan ir y volver de la política

En febrero de 1977, el general Manuel Gutiérrez Mellado impuso a los militares que quisieran dedicarse a la política la obligación de colgar definitivamente el uniforme. Su objetivo era acabar con casi dos siglos de intervención militar en la política española. Veintidós años después, la ley del Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas, a trámite en el Senado, elimina los últimos obstáculos para que los militares puedan ocupar cargos políticos sin renunciar a su carrera. Un coronel, por ejemplo, podrá mandar un regimiento a los seis meses, como máximo, de que haya dejado de ser diputado.

La ley del Personal Militar, de 1989, suavizó ya el decreto ley de 1977, estableciendo que quienes se presentaran como candidatos a órganos representativos públicos a nivel estatal, autonómico o local, o fuesen designados altos cargos del Gobierno central o de los autonómicos, pasasen dos años en excedencia tras abandonar el cargo o presentarse a las elecciones, si no eran elegidos.Se sustituía así el pase forzoso a retiro por un periodo de cuarentena, para evitar la contaminación partidista de las Fuerzas Armadas, a cuyos miembros se exige una escrupulosa neutralidad política y se prohibe la afiliación a partidos o sindicatos.

La utilización fraudulenta de este sistema por parte de algunos pilotos, que obtenían así la baja que se les negaba para trabajar en líneas aéreas privadas, llevó al Gobierno socialista a cambiar dicha ley en 1994, suprimiendo la excedencia de dos años y disponiendo el inmediato regreso a filas de quienes no resultasen elegidos o dejasen un cargo político. Excedencia con trienios

El proyecto que ahora se tramita en el Senado presenta dos novedades. Por un lado, la excedencia voluntaria para dedicarse a la política será más ventajosa, pues durante la misma se cobrarán trienios y, además, será computable a efectos de antigüedad y derechos pasivos. De otra parte, desaparece la situación de disponible, a la que pasaban los militares al cesar en un cargo político. Ello quiere decir que, en un plazo máximo de seis meses, deberá asignarse un destino adecuado a su empleo a todo militar que se reincorpore tras dejar la política.

Pero no es ésta la única innovación del texto para facilitar el acceso de los miembros de las Fuerzas Armadas a la actividad política. Los militares que sean designados altos cargos en la Administración central o en las autonómicas, así como en organismos públicos, que hasta ahora debían pedir excedencia, pasarán en el futuro a servicios especiales.

En esta situación, no sólo les computará dicho periodo para trienios y derechos pasivos, sino también como tiempo de servicios, por lo que podrán ascender si cumplen los demás requisitos.

El PP ha presentado dos enmiendas en el Senado para corregir el texto del Congreso, en el sentido de que sólo pasarán a servicios especiales quienes sean nombrados altos cargos de ministerios diferentes al de Defensa, pues los órganos directivos de este último podrán ser ocupados por militares en activo.

En consecuencia, el subsecretario, el secretario general, el secretario general técnico y los directores y subdirectores de Defensa podrán ser militares en activo, que no interrumpen su carrera y siguen sujetos a las leyes disciplinarias y penales militares.

Esta posibilidad estaba implícita en la ley de 1989 pero, hasta ahora, sólo se ha aplicado a subdirectores y directores generales.

Su ampliación hasta el subsecretario plantea la contradicción de que el máximo responsable de aplicar la política de personal en Defensa pueda ser un inferior jerárquico de los jefes de los ejércitos, a cuyas órdenes estará al día siguiente de cesar en el cargo.

Además, al tratarse de un militar en activo, no podrá, según la ley disciplinaria militar, "expresar públicamente opiniones que supongan infracción del deber de neutralidad en relación con las diversas opciones políticas", so pena de ser sancionado, lo que resulta difícil de cumplir para un cargo político del Gobierno.

Ministro arrestado

El PP se ha visto obligado a presentar otra enmienda en el Senado para evitar un disparate mayúsculo, e involuntario, contenido en el texto que aprobó el Congreso: los militares que fuesen nombrados ministros o secretarios de Estado, según ese texto, estarían en excedencia, pero seguirían sujetos a disciplina militar. Lógicamente, se aprobará la enmienda, por lo que no será posible ver a un ministro arrestado.

El PSOE, que ha cuestionado algunos de los cambios introducidos por el PP, ha pedido, sin embargo, que se cierre el círculo y se permita volver al Ejército, como militares en la reserva y con excedencia voluntaria, a quienes tuvieron que colgar el uniforme en aplicación del decreto de Gutiérrez Mellado y siguen ocupando cargos de elección popular.

Los beneficiarios de esta medida son dos antiguos jurídicos de la Armada: el presidente del Congreso, Federico Trillo, y el diputado socialista Carlos Sanjuán.