El aumento de lesionados cerebrales desata problemas sanitarios y jurídicos

Antes morían. Ahora, la rapidez de los equipos de rescate en el lugar del accidente y la mejora de las urgencias hospitalarias les salvan la vida. Son los nuevos grandes inválidos por accidente de tráfico: sufrieron traumatismo craneoencefálico, lesión cerebral. Al salir de la UCI se encuentran con que la Seguridad Social no cubre su costosa rehabilitación y que tienen que negociar la indemnización con la aseguradora. Pero el golpe deja a muchos de ellos sin capacidad para representarse. Aquí, antes del juicio habrá que tramitar incapacidad legal y tutoría. El tiempo corre y la rehabilitación que no se haga en el año y medio después del accidente será, según los especialistas, muy poco eficaz.

Pedro Javier F. tiene 27 años. En junio cumplirá sus primeros seis en coma. El coche que conducía su primo en ese junio de 1993 derrapó. Sólo se salvó Pedro Javier, el copiloto. Pero el traumatismo craneoencefálico sufrido en el accidente le sumió en el coma. Así sigue.Es una de las 20.000 personas que cada año, según la Federación Española de Daño Cerebral (Fedace), sufre una lesión cerebral. La mayoría de estos lesionados (el 80%) sufrió un accidente de tráfico y casi todos los afectados son jóvenes que no superan los 30 años. No todos sufren un traumatismo tan grave como Pedro Javier. La patronal de seguros Unespa calcula que, de los 250.000 heridos en accidente de tráfico el año pasado, sólo unos 300 serán grandes inválidos. De ellos, 200 sufrieron lesión cerebral y los 100 restantes quedaron parapléjicos y tetrapléjicos.

En la mayor parte de los casos, la lesión cerebral se manifiesta, según el neuropsiquiatra Ignacio Quemada, en pérdida de memoria y amnesia, retraso general del aprendizaje, alteraciones de la personalidad, dificultades de comprensión o expresión, o algo tan simple como no ser capaz de mantener una conversación coherente.

Rehabilitación

Muchas de estas lesiones no son fáciles de medir y la rehabilitación, cuando el accidentado es dado de alta en el hospital, no está cubierta por la sanidad pública. Emilio Altez, jefe de servicio de la UCI del hospital Doce de Octubre de Madrid, reconoce que hay una laguna cuando estos pacientes salen de cuidados intensivos. Ignacio Quemada califica el daño cerebral de "epidemia surgida con la mejora de los servicios de urgencia hospitalaria con secuelas neurológicas complejas para las que no hay atención" pública. Privada, sí, pero cara. En la clínica vasca Aitamenni, por ejemplo, el coste diario de rehabilitación es de 29.000 pesetas.La atención a estos lesionados suele cubrirse con las indemnizaciones que abonan las compañías de seguros. Pero ver qué lesiones serán irreversibles exige esperar unos dos años tras el accidente, y la más costosa rehabilitación del paciente debe hacerse nada más recibir el alta. Además, ¿quién negocia con la compañía de seguros cuando el accidentado ve, con el golpe, mermada su capacidad de obrar? Las abogadas Celia Jordana de Pozas y Silvia Roó, de la Fundación Tutelar de Madrid (Futumad), aseguran que el primer problema legal de estos accidentados es que son mayores de edad y nadie puede representarles ante la aseguradora. Como primera medida de protección cuando la lesión limita la capacidad del accidentado habría que promover la incapacidad legal, total o parcial. Después, nombrar tutores que negociarán o irán a juicio para cobrar la indemnización de la compañía de seguros. La incapacidad, en principio, la tienen que promover los familiares, y éstos suelen ser remisos "para no hacer más daño al paciente". El fiscal actuará si ve que el accidentado "ha perdido el raciocinio", pero eso también lleva su tiempo. El padre de Pedro Javier, accidentado en 1993, aún está a la espera de juicio.

Juan Manuel Muñoz Céspedes, neuropsicólogo y profesor de la Universidad Complutense de Madrid, añade que, desde 1995, esa indemnización se calcula con unos baremos, mientras que antes dependía de la decisión de cada juez. Aunque afirma que los baremos son un adelanto, Muñoz Céspedes considera que "las secuelas cognitivas y emocionales de estas lesiones no están bien valoradas. Los accidentados no son capaces de vivir independientemente y necesitan la colaboración de una tercera persona". La ayuda para esa tercera persona dispara muchos millones, hasta 100 o 150, la indemnización.

Por fin, la familia cobra la indemnización de la compañía de seguros. El segundo problema es quién la administra y a quién beneficia. Las asociaciones de daño cerebral son testigos de algunas disputas familiares para hacerse cargo del enfermo cuando media una sustanciosa indemnización y de abandono cuando no queda nada.

José Boada, presidente de la comisión de automóviles de la patronal de seguros Unespa, afirma que el juez decide qué familiar recibe y debe administrar la indemnización a favor del accidentado. Si está casado, el tutor suele ser el cónyuge, y si es soltero, los padres.

Control judicial

El tutor, en principio, tiene que rendir cuentas anuales ante el juez de la relación con su pupilo. Pero ese seguimiento judicial sólo se lleva a cabo fielmente, en la práctica, en algunas de las capitales que tienen juzgados especializados. En el resto, según los abogados que ven estos asuntos, no.Muñoz Céspedes, que ha intervenido como experto en algunos juicios con aseguradoras, comenta que no es inhabitual que el padre del accidentado destine la indemnización a comprar un piso a los otros hijos. Coincide con las abogadas de Futumad en que habría que controlar más la gestión de las indemnizaciones, y con las asociaciones de daño cerebral, en que sería más razonable una pensión vitalicia al accidentado que cubriera sus gastos de rehabilitación y de cuidado.

Boada, desde Unespa, mantiene que las aseguradoras también aceptarían capitalizar la indemnización y transformarla en una pensión para el lesionado. Asegura que son el juez y la familia quienes suelen preferir la cantidad a tanto alzado.

Y, para rizar el rizo, no son excepción los accidentados con lesión cerebral que tienen un segundo golpe con el coche. Nadie, como en otros países que exigen nuevas pruebas, les ha quitado el carné de conducir.