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ENTREVISTA

"No hay más fraude en Bruselas que en los Gobiernos"

Jan O. Karlsson (Estocolmo, 1939) es desde enero el presidente del Tribunal de Cuentas Europeo, el organismo encargado de auditar a la Comisión, cuyos trabajos han destapado numerosas irregularidades de gestión

Pese a su simpatía, Jan O. Karlsson acarrea fama de riguroso y duro, aunque carece del aura inquisidora de su predecesor. En ésta su primera entrevista con un medio de la Europa del sur denuncia las causas profundas de las irregularidades. Evalúa el nivel de fraude comunitario al mismo nivel que el nacional, sin "magnificarlo" como han hecho -critica acerbadamente- ciertos periódicos y políticos. Resalta la "muy adecuada" reacción del comisario español Manuel Marín ante el primer síntoma de corrupción en su departamento. Y propone recetas para combatirla a Bruselas y a los Gobiernos.Pregunta. ¿Es muy deficiente la gestión de la Comisión sobre los recursos presupuestarios europeos?

Respuesta. Más o menos como la de los Estados miembros, que administran el 85% del presupuesto. Como en muchas otras administraciones, hay grandes diferencias entre departamentos, por sus distintas tradiciones, por la naturaleza de sus tareas, según si el ámbito de su actuación es estático o bien muy cambiante y dinámico. La Comisión debe repensar la propia estructura de su Administración, sabiendo que su única salida es emplear la flexibilidad para atribuir funcionarios y dinero, porque es imposible conseguir más recursos.

P. Eso requeriría el acuerdo de los Gobiernos.

R. Los Gobiernos deben descartar la ilusión de que a un funcionario se le puede usar dos veces. Si se encomiendan más tareas pero se mantiene el mismo personal, el esquema no funciona. Es un caldo de cultivo para la mala gestión, porque se depende demasiado de las agencias de asistencia técnica externas y de los controles exteriores. Y eso genera riesgo de fraude. Que los Gobiernos sean realistas: díganle, si quieren, a la Comisión que no haga más cosas, pero eviten encomendarle más tareas manteniendo al mismo personal.

P. ¿Adónde llega el fraude en la Comisión?

R. La causa del espejismo que se ha creado es que cuando descubres fraude en un Estado miembro a nadie se le ocurre que debe cerrarse ese Estado. Cuando se descubre en la Comisión, muchos aprovechan para socavarla, y con ella, a la construcción europea. Aprovechan para decir que cualquier dinero enviado al presupuesto común se dilapida, y que por tanto es mejor no enviarlo. Nosotros hemos descubierto muchas irregularidades, pero no son tan graves como han querido magnificar algunos medios de comunicación y algunos políticos. Ciertos periodistas, sobre todo de algunos tabloides y ciertas zonas -no me haga concretar-, han contribuido a este engaño, han engañado a los ciudadanos. No hay ninguna evidencia de que la inmoralidad o el fraude sea mayor en Bruselas que en las administraciones nacionales. Ninguna, aunque eso no disminuya la gravedad de los fraudes.

P. Algunos lo sostienen.

R. Es sólo una suposición sin base científica. Ocurre que el ruido que se arma con un "caso" en Bruselas se expande más que con igual caso en Londres, Madrid o Roma, porque la Comisión es muy vulnerable. Le han encargado más tareas de las que puede asumir. Además, la UE no tiene Ejército ni escuelas, casi todo su presupuesto se destina a subvenciones, y en las subvenciones siempre anida el riesgo de fraude. Pero todo esto es responsabilidad política conjunta de la Comisión, el Parlamento Europeo y de los Estados miembros.

P. ¿Qué resultado espera del proceso actual? ¿Qué impacto tendrá el informe del Grupo de Sabios?

R. Que aumente la apertura y la transparencia de las instituciones europeas. Hay posibilidad de aumentarla, los suecos sabemos de eso desde hace siglos.

P. ¿Cómo distingue, telegráficamente, entre irregularidad, fraude, corrupción, nepotismo, favoritismo...?

R. Es una distinción esencial, pero imposible. Necesitaría meses y todas la páginas de su periódico. Pero no por culpa mía, sino de los 15 primeros ministros. Desde 1994, en la cumbre de Essen, se decidió elaborar un Convenio para la Protección de los Intereses Financieros de la Comunidad. Es el gran convenio antifraude, para proteger el buen destino del dinero europeo y dar garantías a los contribuyentes. Pues bien, se adoptó en 1996 y hasta ahora los Estados miembros no lo han ratificado. ¿Qué diablos hace Aznar en las Cortes que no aprieta para que lo ratifiquen? No sólo él, ¿qué diablos hacen cada uno de los otros 14 gobernantes en sus Parlamentos? Cuando esté ratificado habrá una norma clara, y podré contestarle muy clarito.

P. ¿Qué pretende lograr en su mandato?

R. Hace seis años no se nos conocía. Y ahora el Tribunal de Cuentas está ya en el mapa de la opinión pública, gracias a mis predecesores, André Middlehoek y Bernhard Friedman, quienes hicieron esa tarea, con perfiles políticamente muy acusados, que a veces han sido criticados. Así que soy un privilegiado, no necesito desplegar un perfil de notoriedad. Mi tarea es diferente, consiste en centrar todos los esfuerzos en lo profesional, esto es, en incrementar la calidad de nuestros informes y mejorar la estructura auditora.

P. ¿Aumentará o reducirá el número de auditorías?

R. Hemos producido una avalancha de informes especiales. Me propongo reducir su número y que sean más cortos, más claros, más centrados en la crítica de los mecanismos disfuncionales y menos en las personas. Y, sobre todo, hacer mejor el seguimiento.

P. ¿De qué manera?

R. Le pongo un ejemplo que los españoles conocen. Cuando en 1995 encontré, durante la investigación sobre los programas mediterráneos , ciertas situaciones inaceptables, escribí enseguida al comisario Manuel Marín. Él reaccionó muy rápidamente, con mucha contundencia, y de forma muy adecuada, paralizando los programas. Muy bien por su parte, pero luego queda el seguimiento: cinco años después aún no se ha recuperado todo el dinero evaporado . Pues bien, si continuamos multiplicando el número de informes, haremos imposible el seguimiento de los anteriores. Debemos mejorar este aspecto, en interés del contribuyente.

P. ¿Se siente el Tribunal relegado en su funciones de control por el Parlamento o por el Grupo de Sabios?

R. De ninguna manera. Esta casa no es una institución política. Personalmente cada uno tenemos nuestras ideas. Yo no soy un castrado político, soy socialdemócrata desde hace más de cuarenta años, igual que mi predecesor era democristiano. Pero dejamos estas ideas a la puerta. No somos políticos. No nos inmiscuimos en las tareas del Consejo o del Parlamento. Nuestra función no es sustituirlos, sino elaborar informes de auditoría. Nada menos, pero tampoco nada más que eso.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 14 de marzo de 1999