Bruselas afronta la peor crisis de su historia

Los nervios están a flor de piel en Bruselas y en las cancillerías. La derrota de la moción de censura parlamentaria de enero se revela pírrica. Casi todo el mundo presume que el informe del Grupo de Sabios que investiga el fraude en la Comisión abrirá el segundo asalto contra el ejecutivo comunitario. "Todo es impredecible, puede pasar cualquier cosa y en cualquier momento", asegura una comisaria.

Los once comisarios interrogados —entre ellos el presidente, Jacques Santer— podrán acudir hoy, entre las 14 y las 18 horas, si lo desean, a leer la parte del informe en la que salen mencionado, y formular comentarios. Se trata más de "un detalle" del Grupo de Sabios, una especie de tribunal de honor, que de una aplicación a fondo del principio de contradicción. El Grupo fue creado por el Parlamento, sabiendo que él mismo carece de la credibilidad de ser imparcial en época preelectoral. Los cinco sabios trabajan en secreto en su sede de Bruselas. Cuando los comisarios salgan de ahí, callarán, merced a un "pacto de silencio" solicitado por Santer. Mañana, a las cinco de la tarde, el Grupo entregará su informe a la cúpula del Parlamento y a Santer. Luego la Comisión se reunirá durante una noche que algunos prevén sea "de cuchillos largos".

A partir de ahí, se olerá la crisis. Casi nadie prevé que el informe sea limpio, que se contente con despachar unas críticas generales a los mecanismos de contratación y control de la Comisión, lo que la salvaría del colapso. Tampoco que atribuya responsabilidades para-penales a algún comisario, lo que pasaría a la Justicia y zanjaría el asunto en sentido inverso. Todos apuestan por el escenario intermedio —el gris—, con descalificaciones de distinto grado.

Varios Gobiernos, parlamentarios y comisarios como Leon Brittan presionan a Santer para que exija a Edith Cresson la dimisión o le retire la cartera, dando por supuesto que sólo ella será contundemente descalificada por los sabios, mientras los demás serán presentados como responsables involuntarios o víctimas más o menos hábiles de un mal esquema general de gestión. Aunque el propio Santer se inclina a ello, será en vano. "No cazarán mi piel", repite Cresson. La apoyan el presidente francés, Jacques Chirac, y el primer ministro, Lionel Jospin, ha confirmado a este diario otro jefe de Gobierno de los Quince, pidiendo no ser citado. "Francia no dejará caer a una ex primera ministra y quiere mostrar su fortaleza ante la desorientada Alemania", añadió. En ese caso "puede desencadenarse una crisis general en la Unión", concluyó. Pero Cresson puede sorprender, indican en su entorno, "o acudiendo ella al Tribunal de Justicia de Luxemburgo, o bien retando a sus colegas á que la lleven ante él", acusándola por mayoría de falta grave, supuesto previsto en el artículo 160 del Tratado. Pero una votación así provocaría a buen seguro la fractura de la Comisión.

Si las descalificaciones afectaran individualmente —y no sólo genéricamente— a otros comisarios, o podrían dimitir —posibilidad que siempre ha sugerido el vicepresidente Manuel Marín— o se plantearía una dimisión colectiva, hipótesis que acaricia París. Pero que horroriza a Madrid, como le horroriza que una posible resistencia del ejecutivo a evaporarse colectivamente o a enviar al infierno a una de los suyos —por considerar que no hay "falta grave"— provoque una nueva moción de censura, esta vez quizá exitosa, del Parlamento. "Me niego en redondo a cualquier operación de desprestigio y derribo de la Comisión", dijo el presidente del Gobierno, José María Aznar, a los parlamentarios del Partido Popular Europeo (PPE). Por razones tácticas, pues la Comisión es esencial para concluir bien la Agenda 2000 (el paquete financiero para el primer septenio del siglo próximo) pulso en el que es aliada de España; y porque el PPE correría riesgos ante las elecciones de junio si aparece como verdugo de la institución más europeísta. Y estratégicas, pues socavar la Comisión "rompería el equilibrio institucional" frente a un Parlamento crecido en competencias desde el Tratado de Amsterdam.

Mientras la pelota está en el tejado de la Comisión, el hemiciclo avizora. Muy al acecho, pues las delegaciones se reunirán también mañana por la noche. Sus posiciones van evolucionando desde enero. Los democristianos alemanes, más duros aún que entonces, ya han anunciado que siguen exigiendo la dimisión de Cresson y Marín. Sus paisanos socialistas han sugerido que esta vez quizá se distancien de una nueva moción de censura. Entre los socialistas —que apoyaron a la Comisión durante la censura—, los laboristas británicos empiezan a defender que si hay descalificaciones individuales debe haber dimisiones, mientras los españoles responden que si alguien debiera dimitir, lo lógico es que fuera Santer, porque encarna el colegio de comisarios. Los populares españoles buscarán salvar a la Comisión, como hicieron decisivamente en enero — sintonía con Aznar—, pero presionarán a su presidente para que Cresson dimita, le retire la cartera o la lleve ante el Tribunal, si, como están convencidos, resulta descalificada de forma especialmente dura —y en solitario— por los sabios.