Expediente a la Generalitat valenciana por uso indebido de datos

La Agencia de Protección de Datos ha decidido abrir un expediente a la Consejería de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana por el uso de bases de datos no declaradas o de dudosa procedencia, lo que supone una infracción grave de la ley, en la multitudinaria convocatoria para una fiesta para jubilados.Cuatro meses después de la celebración de la Gran Fiesta de la Tercera Edad, un acto que congregó en el campo de fútbol del Mestalla a 40.000 del medio millón de ancianos invitados por el Consell para homenajearlos, ha acabado por convertirse en un quebradero de cabeza para el Gobierno de Eduardo Zaplana, presidente de la Generalitat valenciana.

Tras investigar sendas denuncias presentadas por el PSOE-PSPV y por Nova Esquerra a raíz del envío de 558.454 cartas de invitación cursadas por el propio Zaplana, y tras hacer una inspección en los sistemas informáticos de la consejería, la Agencia ha estimado que los hechos expuestos pueden suponer una falta grave. Una infracción para la que el régimen sancionador establece multas de entre 10 y 50 millones de pesetas.

Para los socialistas y para NE, será finalmente la consejera Marcela Miró quien pague los platos rotos de la fiesta del Mestalla. Y en esa línea han solicitado su inmediata dimisión. Sin embargo, creen que el acto, calificado por ambas formaciones de meramente electoralista, fue organizado, encabezado y rentabilizado políticamente por Zaplana.

800.000 registros

El acuerdo de inicio del procedimiento de infracción elaborado por la Agencia de Protección de Datos revela, además, que la consejería eludió proporcionar la información solicitada durante meses, lo que originó una inspección de sus expertos informáticos. Y en este registro se constató que la consejería facilitó a una empresa privada, Meydis, SA, 800.000 registros sobre ancianos.La Agencia pidió información, infructuosamente, a la consejería hasta cuatro veces en dos meses. Finalmente, en la respuesta se aseguraba que para enviar las 560.000 invitaciones se usó "la base de datos propia que la Consejería de Bienestar Social posee, por las competencias que tiene asumidas", versión reiterada ayer por este departamento.

En el registro se hallaron ficheros que difícilmente podían contener datos sobre medio millón de jubilados y un número indeterminado de disquetes sobre los que nadie precisó origen ni contenido.

La Agencia de Protección de Datos, un organismo creado a raíz de la ley orgánica 5/1992 de Regulación de Tratamiento Automatizado de los Datos de Carácter Personal, vela desde entonces por que se cumpla el mandato legal de "limitar el uso de la informática y otras técnicas y medios de tratamiento automatizado de los datos de carácter personal para garantizar el honor, la intimidad personal y familiar de las personas físicas y el pleno ejercicio de sus derechos".