La conversión del Elkar-Zabaltzen en fundación provoca un duro enfrentamiento entre sus socios

El cambio experimentado en la propiedad y el estatus jurídico del primer grupo editorial y distribuidor de publicaciones en euskera, cuyas empresas están hoy agrupadas en la fundación Euskal Kulturgintza Elkarlanean, ha provocado un duro enfrentamiento entre sus actuales responsables y algunos de los socios que iniciaron la andadura en 1972. Los críticos acusan a la actual dirección de haberse apropiado del patrimonio de la sociedad. Ésta controla más de la mitad del mercado de los libros de texto en euskera y sus distintas empresas facturan más de 3.500 millones.

Dos de los socios fundadores de la sociedad, Jokin Apalategi y Paulo Iztueta, representantes, según ellos mismos indican del 40% de la propiedad de la originaria Elkar, han difundido en el último mes un documento de doce folios en el que acusan a sus socios de haber actuado de modo oscurantista y de haber realizado "malabarismos jurídicos" para traspasar a una nueva entidad los bienes de todas las empresas. De la dureza de su contenido da idea el título que encabeza su documento-denuncia: Fundación Euskalgintza Elkarlanean: la escuela de la estafa. En síntesis, Iztueta y Apalategi acusan a quienes denominan "los del holding" de haberse apropiado del 90% de Elkar Iparralde y del 40% de Elkar Hegoalde y de haber pasado todos sus bienes a la sociedad financiera Emankor. "Quitarle a cualquiera lo que es suyo", dicen los autores del escrito, "es, en lenguaje llano, robar, y hacerlo por los sucios medios utilizados en este caso es estafar", afirman Iztueta y Apalategi en el documento que ha circulado profusamente en círculos vinculados al mundo del euskera desde finales de enero. Potente industria cultural A casi 27 años de la fundación de su primer embrión en Bayona en 1972, la actual Euskal Kulturgintza Elkarlanean Fundazioa constituye una potente industria cultural -la única comparable a cualquier otra de tamaño medio en Europa, según el experto Joan Mari Torrealdai-, que agrupa una editora de libros y discos (Elkar, luego Elkarlanean), una importante distribuidora editorial (Euskal Kulturgintza-Zabaltzen) y una extensa cadena de catorce librerías. También poseen la primera tienda electrónica que pone en Internet, a través del servidor Jalgi, un fondo bibliográfico de 1.200 obras y otros tantos discos. La fundación tiene en la actualidad una facturación aproximada de 3.500 millones de pesetas y emplea a 170 personas. En 1997 publicó 337 de los 1.166 títulos que se editaron en euskera ese año, lo que le otorga una cuota de casi el 30% del mercado total. En el libro de texto en euskera su presencia se cifra en cerca de la mitad de todo lo que se publica y distribuye. La clave de la consolidación y el crecimiento la cifraba hace un año, en declaraciones a EL PAÍS, el gerente de la fundación, José María Sors: el secreto ha estado en la reinversión de los beneficios, sin reparto alguno de dividendos entre los socios. La creación de la fundación, decía Sors, venía a dar carta de naturaleza legal a ese criterio de funcionamiento, para evitar la eventualidad de que esa pauta de actuación "pudiera resquebrajarse" en el futuro. Profesionalización Ninguna de las dos partes enfrentadas ha querido pronunciarse sobre el conflicto, al que coincidieron en despojar de toda lectura política. Históricamente se ha relacionado a este grupo de empresas con el mundo de la izquierda abertzale. Según algunas interpretaciones realizadas en el sector editorial, se considera que quienes llevan en este momento la batuta de la reconversión del grupo se han profesionalizado en su labor y han llegado a la conclusión de que tienen entre manos un negocio demasiado grande como para someterlo a las influencias de ningún grupo político. Otro documento, éste difundido por Euskalgintza Elkarlanean Fundazioa, tacha de "mentira" todo el contenido del suscrito por Iztueta y Apalategi. El grupo aporta fotocopias del compromiso, adoptado privadamente en mayo de 1996, por el que los titulares de todas las empresas originarias acuerdan pasar a la fundación, de modo gratuito, todo su patrimonio. También aportan un acta notarial, fechada días después de que Iztueta y Apalategi difundieran su denuncia, en la que oficializan su compromiso y dicen expresamente que éste alcanza también a la empresa Emankor, titular de los inmuebles y librerías, cuya incorporación a la fundación había sido puesta en duda por los socios críticos. Los firmantes se reservan en ese acta las posibles acciones contra Iztueta y Apalategi. Los trabajadores de la fundación emitieron a primeros de este mes una nota apoyando a su empresa, dándose por informados del desarrollo del proceso que ha conducido al cambio de estatus jurídico y negando la existencia de ningún fraude. La Asociación de Editores, a través de su presidente, Jorge Jiménez, señaló que ese órgano "no tiene opinión en este asunto, que compete en exclusiva a los socios de las empresas concernidas". Iztueta y Apalategi anunciaron una segunda entrega de su documento de denuncia que, por el momento, no han difundido.