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El Gobierno incluye la modificación genética entre las actividades de riesgo medioambiental

Las empresas de biotecnología deberán suscribir una póliza de seguro de hasta 15.000 millones

El Gobierno ha incluido a las empresas que elaboran organismos modificados genéticamente o comercian con ellos entre las que obligatoriamente deberán suscribir una póliza de seguro de hasta 15.000 millones de pesetas para hacerse cargo de las responsabilidades civiles en caso de causar daños a la salud humana o al medio ambiente. La inclusión figura en el proyecto de ley de responsabilidad civil que el Ministerio de Medio Ambiente discute con otros departamentos ministeriales para aprobarlo antes del verano. La ley incorpora un listado de las 500 empresas de diversos sectores afectadas por este nuevo seguro ambiental.

La elaboración del proyecto de ley de responsabilidad civil derivada de actividades con incidencia ambiental arranca de 1996, cuando la ministra de Medio Ambiente, Isabel Tocino, entregó el borrador a las comunidades autónomas en una de sus primeras conferencias sectoriales.Los afectados por la catástrofe del Mar Egeo en La Coruña cobraban entonces, cuatro años después de producirse, los daños causados por el derrame del petróleo. El proyecto de ley quedó aparcado para dar prioridad a otras iniciativas legislativas, como la Ley de Residuos, la de Envases o la reforma de la Ley de Parques Nacionales.

De haber estado en vigor, todos los damnificados de la catástrofe causada por la rotura de la balsa de Boliden en Aznalcóllar (Sevilla), en abril del año pasado, habrían cobrado del seguro, sin tener que esperar al largo proceso penal que tardará en sustanciarse no en un plazo más allá de los tres años, según los expertos.

Por ejemplo, los afectados por la rotura de la presa de Tous en 1982, cuya responsabilidad ha recaído subsidiariamente en el Estado, todavía no han cobrado.Ha sido precisamente la catástrofe ecológica de Aznalcóllar la que ha motivado la decisión del Gobierno de reactivar la tramitación del proyecto de ley, en el que se incluye la cobertura económica de los productos transgénicos.

En la cumbre de Cartagena de Indias (Colombia), más de 500 expertos de 170 países han planteado el espinoso tema de la responsabilidad civil dentro del protocolo sobre transferencias, manipulación y utilización de organismos vivos modificados genéticamente, entre ellos, los alimentos transgénicos.

Aunque no existen referencias de daños derivados de actividades de manipulación genética, las ONG apuestan firmemente en Cartagena para que los agentes que desarrollen estas actividades suscriban obligatoriamente seguros de responsabilidad civil. Estados Unidos, en donde se encuentran las principales empresas mundiales del sector, se opone abiertamente, aunque fue este país el impulsor del principio "Quien contamina paga".

Este criterio inspira el Libro Verde sobre Reparación del Daño Ecológico aprobado por la Comisión Europea en 1993, una propuesta de directiva europea y la ley alemana de responsabilidad civil, que han servido de referencia a la española. Todas se encaminan a hacer efectiva la reparación de los daños que puedan ocasionarse a las personas o a sus bienes y la restauración de las agresiones producidas por el deterioro del medio ambiente, con independencia de las responsabilidades penales o administrativas.

Perjuicios y lucro cesante

Además de las actividades de manipulación genética, la ley obligará a quien elabore, almacene o abandone productos o residuos tóxicos y realice actividades molestas, insalubres, cause daños al patrimonio o deteriore el medio ambiente, a reparar los perjuicios y el lucro cesante.

Para ello establece un límite máximo de responsabilidad civil de 15.000 millones de pesetas, que será cubierto por un seguro o por cualquier otra garantía financiera que cubra el riesgo de reparación del daño. La ley establece un conjunto de medidas de tipo procesal, como fijar la prescripción de la reparación de daños entre los 3 y los 30 años después de producirse el daño.

En la discusión del proyecto de ley, que entrará en vigor un año y medio después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, el Ministerio de Medio Ambiente ha evaluado la lista de empresas que se verán afectadas. Inicialmente, se calcula que serán más de 500, según informa la agencia Efe.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 20 de febrero de 1999