El Ejecutivo no reanudará en estas condiciones el diálogo con EH

El portavoz del Ejecutivo, Josep Piqué, zanjó ayer cualquier posibilidad de reanudar en estos momentos y con estas condiciones de violencia en Euskadi los contactos con los representantes de Euskal Herritarrok (EH), la marca electoral de Herri Batasuna.Piqué se pronunció así cuando se le preguntó, tras la reunión del Consejo de Ministros, cómo puede afectar a las negociaciones en marcha por la paz la resolución nacionalista acordada el jueves en el Parlamento de Vitoria, que no condena expresamente la violencia del entorno de ETA. "El diálogo con EH ya lo ha habido y quedó pendiente de la práctica política normalizada y la evidencia de ayer impide avanzar en esa dirección", dijo. Acto seguido, diferenció esa negociación con EH de otros diálogos en la Cámara vasca o con ETA: "Son dos planos a veces ligados desde el punto de vista intelectual, pero que no conviene superponer".

Al Gobierno le ha molestado también otro apartado de la resolución nacionalista referido a la falta de libertades y marcos legítimos de discusión en el País Vasco. Piqué enfatizó que después de 20 años de Constitución y del Estatuto de Gernika no se puede decir que "la ciudadanía vasca no tiene instrumentos para dirimir sus diferencias o que hacen falta cauces adecuados para plasmar la voluntad de los ciudadanos". El portavoz se permitió repreguntar al PNV si piensa realmente que en este periodo, en el que ese partido ha gobernado mayoritariamente en Euskadi, no ha habido allí democracia "más allá de la conculcación que han hecho los violentos o de los que siguen justificando la violencia de ETA o de otro tipo".

Violencia callejera

Frente a esa realidad, Piqué replicó con un informe que leyó en el Consejo de Ministros el vasco Jaime Mayor, titular de la cartera de Interior, para exponer el siniestro balance de la violencia callejera en Euskadi desde el 16 de septiembre, cuando ETA anunció su tregua, y hasta el 18 de febrero. En estos cinco meses se han producido seis ataques personales (cinco a miembros del PP), 25 a bienes personales, 52 a intereses particulares y privados, nueve a sedes de partidos (siete del PSOE) y 59 a edificios públicos. En total, 151. Y se han registrado 112 amenazas (82 a militantes del PP, 12 a los del PSOE, tres a jueces y una a un fiscal) y 23 concentraciones ante domicilios, sedes o comercios.

"En estas circunstancias no se puede responder con generalidades y con el reducido círculo que marca el Pacto de Lizarra. Ajuria Enea es mucho más amplio y lo contrario supone avanzar hacia la ruptura", concluyó Piqué.

Lo que sí agradeció fue el comportamiento en este tema del PSOE y la celeridad con que se ha reunido estos días Juan Alberto Belloch con Mayor; María Teresa Fernández de la Vega, con la ministra de Justicia, Margarita Mariscal, y Alfredo Pérez Rubalcaba, con Javier Zarzalejos, interlocutor del Gobierno con ETA.