La Comunidad cree absurdo que el municipio tramite el plan de la Ciudad Universitaria

El Ayuntamiento y el Gobierno regional prosiguen sus escaramuzas a costa del futuro de la Ciudad Universitaria. La Casa de la Villa ha sacado a información pública el controvertido convenio con los tres rectores (Complutense, Politécnica y UNED) que el alcalde, José María Álvarez del Manzano, firmó el pasado 11 de diciembre. La Consejería de Cultura recordó ayer que ese documento quedó invalidado con la declaración de la Universitaria como bien de interés cultural. "La situación es un poco absurda", declaró el director de Patrimonio, Javier Aguilar.

Las reformas urbanísticas en el campus de Moncloa están sirviendo para que las dos Administraciones gobernadas por el PP diriman una batalla de singular crudeza. Las autoridades académicas se aliaron con el Ayuntamiento en su afán por sacar adelante distintos proyectos arquitectónicos: un nuevo edificio entre Derecho y Filosofía, las ampliaciones de Farmacia, Agrónomos y Agrícolas, la reforma del pabellón de gobierno para la escuela de Técnicos Industriales de la UNED y el Parque Botánico, en muy avanzado estado de construcción pese a carecer de licencia formal. Sin embargo, la Comunidad había incoado dos días antes el expediente para la declaración del conjunto como bien de interés cultural, lo que implica que cualquier modificación debe pasar antes por sus manos."No tiene sentido"

La historia se repite ahora, pero al revés. El Ejecutivo regional tradujo aquel expediente en decreto el pasado 5 de febrero, con una celeridad extraordinaria. Sin embargo, la Gerencia Municipal de Urbanismo había publicado en este mismo periódico, el 2 de febrero, un pequeño anuncio por el que se sometía a información pública "el texto inicial del convenio urbanístico de colaboración para el desarrollo del ámbito de la Ciudad Universitaria". Es decir: el municipio daba a conocer el controvertido documento e invitaba a administraciones y particulares a presentar alegaciones, como si no estuviera enterado de las intenciones restrictivas de la Comunidad.

La maniobra no le ha pasado inadvertida a la Consejería de Educación y Cultura. Su director general de Patrimonio, Javier Aguilar, confirmó que presentará alegaciones antes de la fecha tope del 22 de febrero, pero se confesó perplejo por el proceder municipal. "No sé muy bien a cuento de qué viene sacar a información pública un convenio que ya no es válido. No tiene mucho sentido", apuntó. Y agregó: "El Ayuntamiento genera una situación un poco absurda, y eso no contribuye mucho a normalizar la relación con la Administración autónoma en este tema".

Con todo, el director general prefirió no obviar una lectura positiva en este nuevo capítulo del conflicto. "Ahora se puede conocer con detalle el famoso convenio del alcalde con los rectores. Bien visto, mejor es así a que el convenio permanezca guardado en un cajón. A alguno le parecerá que mantengo una postura algo cínica, pero es lo que pienso", confesó.

Desde la Universidad Complutense, principal interesada en sacar adelante las reformas en el campus, se extrae otra lectura bien diferente. "Una vez firmado el convenio el 11 de diciembre, es lógico que ahora se haga público para que puedan presentarse alegaciones. Se trata, en definitiva, de ganar tiempo en todo el proceso burocrático", apuntó un portavoz. En cuanto al decreto de la Comunidad, precisó: "Sabemos que los proyectos están bloqueados, pero se supone que sólo de forma temporal".

La batalla está servida. Además de las alegaciones de Patrimonio, el Ejecutivo de Ruiz-Gallardón sopesa responder también a través de la Consejería de Obras Públicas y Urbanismo. Y quien ya ha alegado ha sido el Club de Debates Urbanos, la entidad presidida por el hasta hace un mes director de la Escuela de Arquitectura Ricardo Aroca. En su escrito, el Club asegura que el convenio con los rectores "no tiene otro objeto que la concesión real de una serie de licencias de obras", y acusa a las universidades de "preferir las obras nuevas, de dudosa calidad arquitectónica (por ser amables con el calificativo), sobre el mantenimiento de edificios de mayor calidad" y de acumular "un déficit alarmante de mantenimiento que puede medirse en decenas de miles de millones de pesetas".