Cinismo y política

Que ser kurdo no es ninguna ganga lo sabíamos desde hace muchos años. Que los kurdos se convirtieran en un problema de política interior española no podíamos siquiera imaginarlo hace tan sólo unas semanas. Los nacionalistas vascos provocan y el Gobierno español responde: eterna canción.El principal argumento que el Gobierno del PP (y algún dirigente socialista) ha utilizado para oponerse a que el Parlamento kurdo en el exilio se reúna en Vitoria ha sido el perjuicio para los intereses económicos españoles. A nadie puede sorprender un argumento tan torpe en unos tiempos en que los dineros son el único criterio de autoridad generalmente aceptado. También el Gobierno deslizó, más o menos vergonzantemente, este mismo argumento cuando empezó el caso Pinochet y hasta la fecha no consta que haya tenido coste significativo para la economía española. En realidad, es un argumento que casi siempre es falso, porque los negocios se mueven por la cuenta de resultados y mientras ésta dé positivo les tienen sin cuidado los honores nacionales ofendidos. El empeño en convertir la economía en la medida de todas las cosas debería tener unos límites. El gobernante que cada día niega tres veces la política ante el altar de los dineros acaba poniéndose en evidencia. Hay problemas que conciernen a las personas, a su dignidad y a sus derechos que no son convertibles en divisas.

Cinismo contra cinismo. El bloque nacionalista vasco está laboriosamente entregado a la construcción de un fantasma colectivo que persuada a la ciudadanía de que fuera del nacionalismo no hay salvación. La repentina preocupación por el pueblo kurdo no puede separarse de este proceso. Provocar la reacción del Gobierno español era el primer dividendo deseado. No costó conseguirlo. Si practicando la insumisión a la justicia española con el caso Josu Ternera se quiere significar la carencia de instituciones propias, la solidaridad con los kurdos permite alimentar la ilusión de una política internacional autónoma. Uno se pregunta: ¿qué es más cínico: denegar el gesto solidario por razones económicas o utilizar la solidaridad para las propias batallas políticas?

El Gobierno español, decidido a impedir la reunión de los kurdos por tierra, mar y aire, combina las acciones policiales, vía Schengen, con las acciones judiciales. Llevando la decisión del Parlamento vasco al Tribunal Constitucional tengo la impresión de que Aznar se ha metido en un jardín. No se puede estar constantemente utilizando la jurisdicción para resolver problemas políticos. ¿Un acto netamente político, es decir, sin contenido administrativo, ha de ser controlado judicialmente? Lo que se tengan que decir Gobierno y nacionalistas vascos que se lo digan directamente -por algo son socios con el PNV- y no metan a la justicia donde no corresponde porque no se consigue nada más que desvirtuar el funcionamiento del sistema democrático.

El Gobierno se ha sentido herido en los símbolos: ¿qué es el Estado, cuando ha perdido incluso la moneda, si no conserva por lo menos la política exterior? La defensa de la competencia exclusiva en política internacional es el argumento utilizado para llevar el conflicto al Constitucional. Dicen los juristas que es sumamente discutible. ¿Solidarizarse o tomar posición en favor de un movimiento político puede considerarse que forma parte de las relaciones con Estados reconocidos jurídicamente o de facto que son, en sentido estricto, las que corresponden en exclusiva al Gobierno español? ¿Las movilizaciones del Ayuntamiento de Barcelona en solidaridad con Bosnia, pongamos por caso, rompían la competencia exclusiva del Gobierno central? El Gobierno ha entrado en la espiral de la provocación-reacción buscada con ahínco por el bloque nacionalista vasco y no estoy seguro de que saque ventaja alguna del envite.

La detención de Ocalan y la movida que los kurdos han organizado por toda Europa complica las cosas. Los gestos de solidaridad con un pueblo atrapado en un laberinto de persecuciones no deben hacer perder de vista las características del movimiento encabezado por Ocalan y la espiral de violencia que éste líder de un partido de ideología totalitaria impulsó, aprovechando que los kurdos se encuentran disgregados socialmente y desarticulados políticamente. Pero Ocalan ha ido a parar a manos de un Gobierno que tiene vigente la pena de muerte y que difícilmente puede garantizar un juicio justo. ¿Qué explicarán los Gobiernos europeos si Ocalan es condenado a muerte? ¿Dirán también que actuaron por razones de interés estrictamente económico?