Ratificada la conexión crediticia entre Liaño, Conde, Romaní y Jiménez

Enrique García Beltejar, inspector de Hacienda, declaró ayer en el juicio oral del caso Banesto que tras examinar la actividad del abogado Mariano Gómez de Liaño y su sociedad Doña Ascensión, SA (Dasa), dejó constancia en un informe del 14 de diciembre de 1997 de las "vinculaciones economicas" existentes en la citada sociedad y las sociedades Campo del Azufre y Asebur Inversiones, ambas de Mario Conde; la sociedad Valyser, cuyo titular es Eugenio Martínez Jiménez, y la sociedad Longanor, de Arturo Romaní.García Beltejar señaló que no había hallado cruces accionariales. "No es necesario que existan participaciones cruzadas para que existan vinculaciones entre ellas", dijo a preguntas del fiscal Javier Sánchez Junco. El inspector ratificó la existencia de los contratos privados de cuenta corriente entre Dasa y Campo del Azufre, y entre Dasa y Asebur Inversiones.

Ambas partes (Gómez de Liaño y Conde) se comprometían a abrir en su contabilidad una cuenta corriente recíproca en la que se anotarían las partidas deudoras y acreedoras a favor y en contra de cada uno de los contratantes, con un interés del 16,5%. El contrato entre Dasa y Asebur Inversiones se firmó en octubre de 1991, mientras que el de Campo del Azufre con Dasa data de mayo de 1991.

Asimismo, existen cruces financieros y crediticios con la sociedad Valyser y la sociedad Longanor, con cesiones de créditos.

El inspector, a preguntas del fiscal, hizo referencia a varias minutas que consideró insuficientemente justificadas. Una de ellas está relacionada con una fiducia montada para Asturiana del Zinc, en 1992. La factura contiene un pago de Mariano Gómez de Liaño a Thomas Abbott, de The Harvest Group, "por servicios, entre diciembre 1991 a mayo de 1992, en conexión con varias actividades de banca de inversión en Londres, Reino Unido".

Conde gesticula

Los servicios del llamado The Harvest Group y de Thomas Abbott ya habían sido utilizados por Banesto en relación con el montaje de otra fiducia, en este caso la empresa instrumental Heathmore, que fue utilizada para comprar subrepticiamente acciones de Carburos Metálicos en 1990.

El fiscal Sánchez-Junco, que había pedido la citación de la directora de la inspección en la época en que se realizó el informe, Pilar Valiente, propuso ayer al tribunal renunciar a su declaración, tras conocer, por el testigo, que su jefa simplemente se había limitado a transmitir el informe sobre Mariano Gómez de Liaño y Dasa al juzgado encargado de instruir la causa. En ese momento, Mario Conde hizo grandes gestos a su abogado, Juan Sánchez-Calero, para que se mantuviera la declaración de Valiente, cosa que el tribunal decidirá tras escuchar a las partes.

Sánchez-Calero, por su parte, quiso dejar claro, en sus preguntas al inspector de Hacienda, que en la relación crediticia entre las sociedades de Conde y Dasa quien siempre había aportado los préstamos era el ex banquero. En otros términos, quiso que quedara constancia de que Conde no había recibido dinero de Dasa. El inspector dijo que, en efecto, así constaba en el informe. La defensa de Mariano Gómez de Liaño no hizo preguntas al testigo.

También declararon ayer Juan Carlos Garay, de Deutsche Bank, quien no tuvo conocimiento directo de la relación Metalgesellschaft-Corporación Banesto, y Carlos March. La defensa de Rafael Pérez Escolar buscó mostrar -cosa que el presidente del tribunal, Siro García, se encargó de poner de relieve- que el grupo March se benefició de ayudas al comprar el Banco Urquijo que, años después, le fueron denegadas a Banesto. March negó que el Banco de España le hubiese admitido excepciones a la ley.