Un juzgado declara ilegal un contrato autorizado por Cascos en Patrimonio

El Juzgado 27 de lo Social de Madrid ha anulado la contratación indefinida de Juan Ramón Aparicio como delegado de Patrimonio Nacional en el palacio de La Granja (Segovia). El juez considera que se concularon los principios de "publicidad" y "libertad de concurrencia de méritos". Por ello, deja "sin efecto" este contrato, realizado "previa autorización oportuna", destaca la sentencia, "del vicepresidente primero y ministro de Presidencia", Francisco Álvarez Cascos.

Éste es el segundo varapalo judicial que sufre el vicepresidente primero del Gobierno por haber convertido en fijos a seis trabajadores de Patrimonio Nacional cuyos puestos nunca salieron a concurso público. La Audiencia Nacional declaró ilegales en noviembre pasado, tal y como reclamaba el sindicato CC OO, las contrataciones por considerar que su "análisis detallado no ofrece ningún resquicio por el que pueda inferirse que Patrimonio Nacional tenga la facultad de efectuar contrataciones laborales fijas de plantilla". Los magistrados recordaban que "deben convocarse pruebas selectivas, incluso para el personal laboral".Esta sentencia afectaba, aunque no los nombraba directamente, al delegado de Patrimonio en San Ildefonso, al del Palacio de Marivent (Mallorca), al del Real Sitio de El Escorial y Valle de los Caídos (Madrid), al jefe de gabinete de la Presidencia y a dos guías.

Por eso, CCOO acudió a los tribunales de lo social, que ahora han hecho pública la primera de las sentencias: la del delegado de Patrimonio en La Granja. El magistrado estima que esta plaza debió cubrirse "por el procedimiento de libre designación" entre el personal de Patrimonio Nacional que tuviera "los requisitos de titulación adecuada" y no con un interino del Cuerpo de Conservadores de Museos, como es el caso Juan Ramón Aparicio.

Facultades necesarias

En noviembre pasado, y a resultas de una pregunta en el Congreso de la diputada Inés Sabanés, de IU, Álvarez Cascos aseguró que estas contrataciones se ajustaban a derecho en virtud de la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, que le confería "las facultades" necesarias para autorizarlas. El vicepresidente añadió que las contrataciones eran puestos de libre designación, por lo que no resultaba "preceptiva su convocatoria pública". Patrimonio Nacional añadió que como los trabajadores realizaban su labor en "zonas de alta seguridad" no era necesario el concurso público.

Sin embargo, el juez desarma ahora estas afirmaciones y destaca que el "puesto de delegado en un Real Sitio asume la representación institucional del Patrimonio Nacional" por lo que se trata de un trabajo de "libre designación y revocación", nunca un puesto fijo.

Luis Mariscal, secretario general de la Administración Pública de CCOO, señaló ayer que la "sentencia deja muy a las claras que el PP quiere convertir a Patrimonio Nacional en su chiringuito y confirma que existen graves irregularidades en las contrataciones". Y termina: "En ésta, y en las cinco restantes que también tenemos en los tribunales".