El cine catalán: un poco de sentido común [HH] FERRAN MASCARELL

Un día resulta que es absolutamente necesario que los partidos políticos catalanes se reúnan para adaptar la ley del catalán a las disposiciones de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Así lo asegura el consejero, según el cual cualquier negativa a entrar en esta su lógica responde a oscuras motivaciones. Transcurren 24 horas y, al día siguiente, el presidente de la Generalitat afirma ante el Parlament que es más importante negociar con Hollywood que reformar la ley. Ayer dijeron, hoy desdicen. Mañana quién sabe. No es descabellado preguntarse qué nuevo conejo van a sacar de la chistera el presidente, el consejero de Cultura u otros miembros del Gobierno catalán en relación con la cuestión del cine. Lamentablemente, nada de lo que se está oyendo estos días permite suponer que las cosas vayan a cambiar. Todo hace presumir que la política cinematográfica de la Generalitat seguirá en sus trece, sin rumbo, sin ideas claras, creando una especie de cortina de humo permanente sobre las propias obligaciones de un Gobierno que tiene competencias culturales plenas desde 1980. Desde hace 19 años. Por desgracia, nadie del actual Gobierno catalán parece interesado en dar respuesta a las continuas demandas profesionales y políticas sobre un plan de apoyo a la cinematografía. Un plan que debería proponerse cómo producir más cine en Cataluña, cómo conseguir que se produzca más cine en catalán, cómo consolidar un tejido industrial competitivo. Un plan que debería prever la cuestión de la mejora del uso de la lengua catalana como un aspecto más y no como el único, como un asunto que requiere delicadeza, sentido común y un calendario razonable y a medio plazo. Nadie que quiera resolver realmente esta cuestión puede dejar de proponer iniciativas que tengan en cuenta, a la vez, las tres tendencias lógicas que el sentido común indica que se deben combinar. En primer lugar, conseguir que en las pantallas de Cataluña y de otros lugares de España y del mundo exista cada vez más un cine en catalán, digno y de calidad, que pueda verse. En segundo lugar, que en las pantallas de Cataluña se favorezca la tendencia natural en todo el planeta de ver el cine en su versión original. Este fenómeno está dándose también aquí, especialmente entre las generaciones jóvenes. Simplemente, se trata de favorecer, sin prisas pero sin hermetismos mentales, una tendencia que de modo natural crecerá en los próximos años. En tercer lugar, y teniendo en cuenta la realidad de varias generaciones de ciudadanos acostumbrados al doblaje a los que sería impensable que -de nuevo por decreto- se les prohibiera ver el cine con el que han crecido, habrá que seguir favoreciendo que se doble a un ritmo sostenido, un ritmo que a medio plazo irá, con naturalidad, a la baja. Una política razonable de cine en Cataluña debe entender y fomentar estas tres tendencias. Debe hacerlo pensando en los sectores afectados: producción, distribución, doblaje. Debe hacerlo pensando en los ciudadanos que creemos tener derecho a que la Administración resuelva problemas y no que los cree, o los mantenga en estado crónico, o los avive sin ton ni son. Por todo ello, plantearse a estas alturas y a toda prisa la modificación de la ley es algo que no debe hacerse. Puede modificarse la ley, claro. Todas las leyes pueden ser modificadas. Pero no de cualquier manera y frívolamente. En cualquier caso, hay muchas incógnitas que el Gobierno debería despejar antes de intentar meterse por ese camino. La negociación con la industria norteamericana se encontraba en un punto extremadamente delicado antes de conocerse la resolución del TSJC. Las majors no iban a incumplir la ley, sino que o bien iban a poner en circulación menos de 16 copias o bien a enviar solamente películas subtituladas. Con eso cumplían la ley: ¿a santo de qué, pues, introducir con tanta prisa e ineptitud unas sanciones que ahora ha revocado la justicia? El presidente ha dicho en el Parlament que se puede llegar a un acuerdo. ¿Sobre qué bases? ¿Y a qué precio? Antes de modificar la ley, el Gobierno de la Generalitat ha de dar garantías a los sectores profesionales y a la oposición de que cumplirá los acuerdos ya alcanzados. Esta confianza no se la han ganado el Gobierno ni su consejero de Cultura. Si los acuerdos -presentar un plan para el cine, no sancionar, buscar consenso- no se cumplen, no tiene el menor sentido volver a embarcar a los ciudadanos en una nueva discusión sobre la ley. A no ser que alguien esté pensando que a base de provocar discusiones intrascendentes los catalanes dejarán de percibir la realidad. El cine catalán está en el UVI y los culpables de esta situación lamentable son quienes confunden promulgar leyes (además, mal hechas) con tomar medidas razonables y pactadas para sacar adelante un sector clave para Cataluña y el futuro de la cultura catalana.

Ferran Mascarell es secretario de Cultura del PSC.