Oportunidades europeas, riesgos españoles

El informe La era digital, la política audiovisual europea lo destacaba claramente en 1998: "Nos encontramos ahora en el umbral de una nueva era cuyo motor va a ser la tecnología digital". La afirmación no era novedosa en el seno de la Unión Europea y venía siendo reconocida desde el Libro Blanco de Delors de 1992 o el Libro Verde de 1994 sobre las opciones estratégicas para la industria de programas. El informe sobre la Convergencia de 1997 dio un paso adelante al hacer hincapié sobre la emergencia de nuevos servicios como principal reto para la expansión de los mercados de la información, aunque señalando que haría falta una política pública de apoyo para asegurar la realización de esas oportunidades potenciales.El primer informe citado sobre La era digital forma parte sin embargo de un intenso esfuerzo desarrollado en los últimos tiempos desde la Dirección General X de la Comisión Europea, que depende del español Marcelino Oreja, para examinar esos desafíos de la tecnología digital en el audiovisual. En dicho informe del Grupo de alto nivel sobre la política audiovisual, en la Conferencia de Birmingham de abril de 1998, y en los posteriores informes de la Comisión al Parlamento y al Consejo de Ministros se avanzan interesantes elementos de análisis de la digitalización para el audiovisual, de sus retos en una "industria cultural por excelencia" caracterizada por su papel educativo y social pero también como motor de la economía y del empleo.

Sin embargo, en todos estos documentos se considera que los beneficios de la digitalización no son automáticos y que, sin medidas y estrategias oportunas, sus frutos podrían en buena medida fugarse al exterior. De ahí la atención puesta en la necesidad de impulsar la producción audiovisual europea, de crear nuevos productos y servicios interactivos y multimedia, y de reforzar el apoyo público, incluyendo una mayor dotación presupuestaria para el programa MEDIA. Por eso también el hincapié hecho en el papel central de las actuales empresas de radiodifusión, de los operadores privados y de las radiotelevisiones públicas, con unas misiones de servicio definidas y una estabilidad financiera garantizada.

En todo caso, la confrontación de ese panorama europeo de oportunidades con el paisaje televisivo español produce el efecto de una ducha escocesa. La televisión digital por satélite se ha desarrollado notablemente en poco tiempo a pesar de una irracional legislación dictada en los dos últimos años. El cable, lamentablemente postergado durante años, apenas está comenzando un despegue marcado por las altísimas inversiones necesarias y en medio de la guerra abierta por la liberalización de la telefonía básica. Quedaba la aplicación de la tecnología digital a las ondas hercianas terrenas, de gran impacto sólo a medio plazo pero capaz de ampliar a toda la población una extensa gama de servicios audiovisuales, interactivos y multimedia. Pero la política del Ministerio de Fomento y de su Comisión Nacional del Mercado de Telecomunicaciones parece destinada a dar al traste también con esta vía.

Primero fue el decreto-ley de octubre del pasado año que aprobaba un Plan Técnico Nacional de Televisión Terrenal Digital sin debate parlamentario. Un procedimiento de urgencia insólito para una empresa que requiere el máximo acuerdo político y económico y cuya generalización cifran los más optimistas en doce-quince años. El contenido críptico y confuso de ese decreto permitía traslucir que los actuales canales de televisión, además de estar obligados a emitir simultáneamente su programación analógica en ondas digitales, recibirían más programas siempre que existiera una "mayor concurrencia" en el mercado nacional. Ahora, Fomento acaba de anunciar ese "aumento de la competencia y el pluralismo con un concurso que dará unos catorce nuevos canales a un solo y nuevo concesionario.

El contexto de esa decisión es ciertamente llamativo: unas televisiones privadas comienzan a conseguir a duras penas su equilibrio financiero, y deben renovar dentro de un año sus licencias; una RTVE que clama a gritos una solución pactada que garantice su financiación, su pluralismo y sus misiones de servicio público; unas televisiones autonómicas igualmente endeudadas y manipuladas; y unas televisiones locales sin marco legal estable. En definitiva, una auténtica "jungla", en feliz definición de un directivo privado, en la que la debilidad económica agudizada por nuevos competidores sólo perjudicaría a los telespectadores y a la producción audiovisual española. Y en la que, especialmente, toda regulación posterior resultaría a corto plazo papel mojado por su imposible cumplimiento.

Tan grave como ese panorama son las débiles perspetivas que se abren así a la televisión digital terrena. Una tecnología que exige inversiones cuantiosas de los operadores y las redes de difusión pero que, sobre todo, necesita estimular con nuevos servicios y calidades audiovisuales a los telespectadores para que se embarquen en cambiar sus televisores y vídeos en pocos años, porque si no hay un mercado masivo, los receptores tendrán precios inaccesibles. Por ello en Estados Unidos se está poniendo el acento en la televisión de alta definición y en el Reino Unido, el otro país pionero, se destaca sobre todo la oferta posible de servicios interactivos, y de fusión práctica, Internet incluido, con el ordenador.

Aquí, de nuevo, demostramos ser diferentes, y se presume que casi doce millones de hogares españoles estarán motivados a sufragar el alto coste de los nuevos equipos doméstivos por recibir más de lo mismo: más canales publicitarios en lucha con los existentes y más canales de pago que comprometerán el desarrollo del satélite y del cable. La televisión de alta definición, el auténtico reto del futuro, no está siquiera contemplada, y los servicios interactivos parecen prohibidos expresamente en el decreto-ley.