Alicante reducirá las zonas arqueológicas de la ciudad ante la presión de los promotores

Las protestas de los promotores han surtido efecto. El Ayuntamiento de Alicante, gobernado por el PP, reducirá las zonas arqueológicas de la ciudad, declaradas como tales en un decreto municipal de 1987. La medida dejará más espacio para construir y abaratará los costes de las obras a los promotores, a quienes ahora se obliga a sufragar los gastos de las excavaciones previas al inicio de las construcciones. El departamento de Urbanismo ya ha encargado la redacción de un plan especial que fije cuáles deben ser las áreas sujetas a protección arqueológica. Sólo las construcciones y demoliciones que se encuentren en el ámbito delimitado en este plan requerirán informes arqueológicos.

Casco antiguo, barrio Benalúa y alrededores de la estación de autobuses, monte Benacantil y castillo de Santa Bárbara, L"Albufereta, Cabo de las Huertas y Condomina-Orgegia, son en la actualidad las áreas protegidas, según una resolución que emanó del gobierno del ex alcalde socialista José Luis Lassaletta. En teoría, cualquier licencia de obras solicitada para edificar en estas zonas debe comunicarse al técnico municipal de conservación del patrimonio histórico-artístico para que éste informe de los trabajos arqueológicos previos al inicio de las obras. En la práctica, los informes a menudo no llegan a tiempo, y el Ayuntamiento se ve obligado en muchos casos a conceder los permisos por acto presunto, figura legal que permite al promotor iniciar las obras si no recibe respuesta municipal en dos meses. Desde mediados de diciembre de 1998 hasta ahora, se han concedido al menos cuatro licencias por vía del silencio administrativo, a pesar de conocerse que algunas de ellas ocasionarán la destrucción de los restos arqueológicos subyacentes, según advirtió el arqueólogo en los informes que obran en los expedientes. La nueva ordenanza que regulará la concesión de licencias de obras, pendiente aún de aprobar por el pleno, sólo exigirá informes arqueológicos a aquellas construcciones o demoliciones que se encuentren en el ámbito delimitado por el futuro plan especial, encargado al arquitecto Marius Bevià. En estos casos será preceptivo incorporar al expediente el informe del departamento municipal con competencias en arqueología. La Ley del Patrimonio Valenciano establece que los ayuntamientos podrán delimitar las áreas con posibilidad de contener restos arqueológicos. Las acotaciones deben hacerse por técnicos competentes en arqueología o paleontología y se elevarán a la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia para su aprobación. Si la Administración autonómica da el visto bueno pasarán a considerarse áreas de protección arqueológica y, como tales, incluidas en el catálogo de bienes y espacios protegidos de cada municipio. El concejal de Urbanismo, José Ramón García, declaró ayer que los informes arqueológicos están paralizando muchas licencias. El plan especial contribuirá a desbloquear la concesión de permisos de obras y "ayudará a que zonas de interés arqueológico estén defendidas y conservadas". Sin duda, L"Albufereta es la zona donde más restos han aflorado, y en la que los promotores tienen más dificultades para construir. Allí han aparecido asentamientos prehistóricos (edad de bronce), ibéricos, romanos y musulmanes. Los retrasos en la concesión de licencias, las modificaciones de los proyectos y, en algunos casos, la prohibición de construir son los principales problemas a los que se enfrentan los constructores. Algunos de ellos han reclamado al Ayuntamiento indemnizaciones millonarias. El nuevo plan reducirá el entorno protegido en el barrio de Benalúa, donde se hay asentamientos romanos. También se exhumaron restos de villas industriales, fábricas de vidrio y vertederos. Las últimas excavaciones se han realizado en la calle Alona.