La Comisión Europea gestionó de forma irregular 100.000 millones en ayudas a Rusia

La Comisión Europea ha cometido distintas irregularidades en la gestión de los 101.495 millones de pesetas (610 millones de euros) otorgados a Rusia y a los países del Este en concepto de ayuda para garantizar la seguridad de sus deficientes centrales nucleares. Así lo sostiene el informe especial del Tribunal de Cuentas, que se publicará el martes. El organismo auditor se abstiene de denunciar la posible existencia de fraudes y centra su artillería en los 31.000 millones de pesetas -un tercio del total- otorgados a programas sin licitación, esto es, sin competencia, cuando ésta habría estado "justificada".

La ayuda de la Europa comunitaria a Rusia y al Este europeo para la seguridad nuclear empezó a fraguarse cuando el desastre de la central de Chernóbil, en 1986, desveló la precariedad de las instalaciones de seguridad soviéticas y los problemas de contaminación derivados de su tratamiento de residuos. Y empezó a dispensarse en 1990, en combinación -pero con mala coordinación y "ninguna sinergia"- con los organismos rusos y de otros países. El informe -a cuyo texto íntegro ha accedido EL PAÍS- acusa a Bruselas de que su ayuda ha ido acompañada de "retrasos", "adelantos monetarios excesivos", "superación de los límites normativos", "enmascaramiento" de la contabilidad, anulación de proyectos "tras gastos importantes", condiciones "leoninas" a los socios rusos, "márgenes incontrolables", "ausencia de estrategia de conjunto" y excesiva dependencia respecto de "las estrategias comerciales" de las empresas sumistradoras, entre otros defectos e irregularidades.

El punto más polémico de la deficiente gestión se centra en que casi un tercio de los contratos firmados, por importe superior a 31.000 millones de pesetas, fueron otorgados sin licitación entre las empresas del sector.

El artículo 118 del Reglamento Financiero de la Comisión otorga a la contratación directa un carácter excepcional, limitado a los contratos de "pequeñas cuantías" o de "escasa duración", o que "prolongan actuaciones ya comprometidas" o que se conceden a "organizaciones sin ánimo de lucro".

El informe del tribunal sostiene que las circulares que aplican este reglamento al caso no garantizan que "sea cual sea el procedimiento seguido, la oferta ganadora sea económicamente la más ventajosa".

Contratos a dedo

Así, por ejemplo, de los 14 contratos firmados por los responsables del programa TACIS (ayuda a las antiguas repúblicas de la URSS) de la Comisión en 1994 con cinco agencias de suministro, sólo dos se sometieron a licitación. Otros cuatro se otorgaron por concurso restringido y ocho (por importe de 82 millones de euros / 13.643 millones de pesetas, la mitad de la partida de ese año) fueron concedidos a dedo. Los honorarios (pago a los consultores por 2,4 millones de euros / 399 millones de pesetas), "y sobre todo, la importancia de las actividades, justificaban someterlos a competencia", según opina el tribunal.

La Comisión replica que "el recurso al procedimiento excepcional está plenamente justificado por la naturaleza excepcional del ámbito de intervención", el nuclear, pues algunos de los sofisticados productos o servicios requeridos los fabrica una sola empresa. Y se defiende de lo que no se le acusa -pagar demasiado a los consultores de los ocho programas contratados a dedo- alegando que "para varios de esos contratos los honorarios son inferiores al techo" permitido. Si sólo son varios los que cumplen, significa que otros cuantos pagos realizados a consultores incumplen la norma, reconoce implícitamente la Comisión.

Otro elemento muy polémico en el manejo del dinero es el de los intereses. Como la Comisión adelantó 43 millones de euros (7.155 millones de pesetas) "transferidos a cuentas bancarias especiales abiertas a nombre de las agencias" y éstas ejecutaban lentamente los servicios por los que se les pagaba, se generaban altos intereses.

A final de 1997 "los intereses bancarios generados por las cuentas especiales se elevaban a 2,2 millones de euros (unos 366 millones de pesetas), según las agencias". Además, según el informe, esos dineros "(...) no fueron, desde el inicio de los programas, ni contabilizados ni controlados por los servicios de la Comisión".

En definitiva, el sistema seguido permitía a las agencias colaboradoras embolsarse cantidades del presupuesto comunitario sin título suficiente, lo que el auditor, sin embargo, se abstiene de calificar.

Se ignora de momento si esos intereses han sido o serán reclamados por Bruselas, a qué agencias concretas benefició, y si los expertos del órgano ejecutivo de la UE han efectuado alguna investigación adicional.

Las únicas compañías citadas en el texto -en notas a pie de página- son las británicas Italtrend y Crowd Agents, así como Europa y Fichtner.

En términos generales, las compañías más beneficiadas en sectores de alta tecnología son generalmente alemanas, británicas y holandesas, aunque en este caso concreto no puede asegurarse que se cumpla la norma general.