"Ni siquiera en mi país pasa esto"

J. C. R. engorda feliz a su año y tres meses. Ignora que su hospitalización en diciembre de 1997 por una mala fiebre le acarreó a su padre, inmigrante ecuatoriano ilegal como su madre, una demanda del Insalud por impago, más intereses, costas judiciales y apercibimiento de que sería declarado en rebeldía si no comparecía ante el juez. La justicia, fiel a su ceguera, le recomendaba que se personase en los autos "con asistencia de letrado si a su derecho conviniere". Juan Carlos R. O., de 24 años, vio erizarse su larga cabellera de músico ambulante cuando leyó "rebeldía". Como si no fuera poca rebeldía abandonar su Quito natal hace dos años para vencer en Madrid el hambre. Pero, miseria por miseria, en España ha conocido otra. "Usted sabe cuál es la situación de mi país; pues le juro que, en mi país, los hospitales públicos nunca pasan factura por los servicios que prestan. Esto no pasa ni siquiera en mi país". La cifra que le reclamaba el Insalud por los tres días de hospitalización de su bebé, intereses y costas al margen, ascendía a 156.788 pesetas.

La factura no detallaba cuál es la ratio que proporciona un precio de 52.000 pesetas por día de hospitalización. Ese precio por jornada casi iguala las 60.000 pesetas que gana al mes con Marcela, la madre del niño. Viven del aire y del polvo. Él toca la quena (flauta ecuatoriana) en un conjunto andino en el parque del Retiro. Ella es asistenta. Con la cantidad que les reclamaba el Insalud por tres días, pagan casi tres meses de alquiler en el piso que comparten con otra pareja ecuatoriana en un barrio periférico de Madrid.

Juan Carlos y Marcela viven en la ilegalidad. Carecen de papeles de residencia y trabajo. "Yo es la segunda vez ahora que pido permiso de residencia, antes me lo denegaron porque mi empleador no era solvente. Y mi mujer tenía cartilla sanitaria, pero, al dejar de trabajar durante el embarazo, la perdió", explica.

Admite que, cuando ingresó a su bebé en el Doce de Octubre, firmó un papel por el que se comprometía a pagar al Insalud el importe de los gastos que originara su estancia. "En admisión me pidieron la cartilla sanitaria, dije que no la tenía porque estaba pendiente de regularización. Me hicieron firmar un papel. Y con tanto apuro, no leí bien. Estábamos nerviosos. El bebé sólo tenía dos meses y una fiebre muy alta. Creíamos que tenía una infección grave. Luego resultó que no. De haber sabido que íbamos a ponernos en tal riesgo, habríamos ido a otro hospital, pero nuestro hijo había nacido allí sin ningún problema".

Juan Carlos confiesa que recibió un consejo tan bienintencionado como envenenado de una asistente social a la que consultó y cuya identidad dice ignorar: "Cuando me llegó, meses después, la factura, se lo dije a la asistenta social del Ayuntamiento. Y ella me dijo que no había problema, que no pagáramos porque no era justo, ya que no teníamos dinero y, además, los niños tienen derecho siempre a la asistencia sanitaria. Me aconsejó, también, que intentara tramitar la cartilla sanitaria. Lo he intentado varias veces, pero no lo he logrado".