El Insalud demandó a un ecuatoriano por no pagar la atención hospitalaria a su bebé

Eran sólo 156.788 pesetas. Pero bastaron para que el hospital Doce de Octubre (Madrid), que depende del Insalud, llevase ante el juez a un inmigrante ilegal en paro por no pagar la asistencia sanitaria de su hijo de dos meses: un tratamiento de tres días que recibió el pequeño tras ser atendido en la puerta de urgencias aquejado de fiebre. Éste es el nuevo caso de presión sanitaria contra hijos de inmigrantes irregulares destapado por la Fiscalía de Madrid. El hospital Doce de Octubre reconoció ayer su "error" (es ilegal cobrar la asistencia a menores) y anunció la retirada de la demanda.

La Fiscalía de Madrid volvió ayer a poner en entredicho los reiterados desmentidos del Insalud sobre la desatención que sufren los menores ilegales por carecer de tarjeta sanitaria. En esta nueva vuelta de tuerca, el ministerio público sacó a colación un caso que demuestra no sólo cómo la Administración sanitaria presiona a estos extranjeros para cobrarles servicios que son gratuitos por ley, sino también cómo esta práctica alcanza un ámbito hospitalario, las urgencias, que parecía libre de este tipo de usos. La historia que llevó a Juan Carlos R. ante los tribunales se remonta al 14 de diciembre de 1997. Ese día, su hijo, de dos meses, sufría una fiebre muy alta. El hombre, ecuatoriano en paro, decidió llevar al bebé al servicio de urgencias del mismo hospital donde había nacido, el Doce de Octubre. Allí no le pusieron trabas. El bebé fue atendido y hasta se le dio una cama. Durante tres días permaneció en el centro sanitario.

El problema radicó en que el padre, al ingresar a su hijo, había sido obligado a firmar un documento que él creía que era la hoja de admisión. Pero no. Era un compromiso de pago por los servicios que le iban a prestar al bebé. Una petición absolutamente ilegal, como recuerda la fiscalía, y que tenía como objeto asegurarse el reembolso de la prestación médica (156.788 pesetas) ante la falta de tarjeta sanitaria.

El padre, sin embargo, jamás pagó. Y el hospital Doce de Octubre, con la intención de reembolsarse el dinero (más costas e intereses de demora) decidió demandarle. El pasado 12 de enero el Juzgado de Primera Instancia número 38 de Madrid envió al inmigrante ilegal una cédula de notificación, traslado y emplazamiento en la que se le conminaba a personarse, antes de nueve días y con asistencia de un abogado, ante el magistrado. La comunicación, además, apercibía al inmigrante de que si no se personaba se le declararía en rebeldía.

El inmigrante, aterrorizado, acudió en busca de ayuda a la Fiscalía de Madrid, dirigida por Mariano Fernández Bermejo. El ministerio público advirtió inmediatamente al Insalud de la infracción en que estaba incurriendo. Una irregularidad que, en un plano general, había sido negada una y otra vez por los directivos del Insalud, pese a las denuncias de médicos municipales, asistentes sociales, fiscales, sindicatos y organizaciones no gubernamentales.

Esta vez, sin embargo, la constancia documental de la demanda llevó al hospital Doce de Octubre a reconocer su "error". Así lo hizo ayer la gerente del centro sanitario, Roser Maluquer, quien asumió toda la responsabilidad por lo sucedido. "Puede haber más casos como éste. He dado orden para que se retiren. Puedo asegurar que no hubo mala fe. Ha sido un tema de administración. No cobramos a los menores", afirmó por la mañana a este periódico Maluquer. Defensa del ministro

Pese a estas declaraciones, el ministro de Sanidad, José Manuel Romay Beccaría, declaró que el hospital Doce de Octubre había cumplido con su deber al demandar al inmigrante ilegal. "Tenían hasta ahora una situación muy difícil porque no estaba regulada la atención a inmigrantes; esperamos que ahora ocurran menos casos de éstos", afirmó a Europa Press.

Romay explicó que cuando un paciente llega a los servicios sanitarios sin documentación se le pasa factura, independientemente de que sea español o extranjero. Posteriormente, cuando se aclara su situación se rompe la factura. "El problema es que si esa persona no aparece puede dar lugar a situaciones como la ocurrida en el Doce de Octubre", añadió. Distinta fue la interpretación del caso ofrecida por fuentes de la Fiscalía de Madrid: "Es un nuevo ejemplo de las prácticas disuasorias del Insalud para evitar el gasto. El sistema sanitario español atiende al enfermo si tiene cartilla, de lo contrario le cobra. Pero los inmigrantes ni tienen tarjeta ni dinero para pagar. Ellos, de momento, no pueden elegir más que quedar marginados de la sanidad".