El Gobierno anuncia que también entregará tarjeta sanitaria a todos los adultos "sin papeles"

Las denuncias por la desatención sanitaria a los niños inmigrantes sin papeles han impulsado al Ministerio de Sanidad y Consumo, después de garantizar la asistencia a los menores de 18 años, a comprometerse a hacer lo propio con todos los inmigrantes adultos en situación irregular. Su titular, José Manuel Romay Beccaría, anunció que éstos dispondrán de la documentación necesaria para acceder a una atención sanitaria "en igualdad de condiciones que los españoles". No dijo cuándo ni cómo, por lo que, hasta entonces, seguirán acudiendo a los servicios alternativos de ONG y Ayuntamientos.

El anuncio del ministro de Sanidad llegó un día después de que la secretaria general de Asuntos Sociales, Amalia Gómez, anunciara que el derecho a la salud de los inmigrantes adultos en situación irregular quedará consagrado en la nueva Ley de Extranjería, que ya estudia el Congreso. Y se basa en el principio de que estos hombres y mujeres puedan acceder a la red pública sanitaria "en las mismas condiciones que los españoles". Para ello el ministerio les facilitará la documentación sanitaria necesaria, aseguró ayer Romay. Si esta promesa se cumple, el Ministerio de Sanidad irá un paso por delante de la ley. Porque la legislación reconoce el derecho a la asistencia sanitaria plena de los menores de 18 años, sea cual sea su situación legal, pero se ha olvidado de regular la misma asistencia para los inmigrantes indocumentados adultos: entre 60.000 y 70.000, según el último informe de la Comisión contra el Racismo y la Intolerancia del Consejo de Europa, y alrededor de 150.000 para CCOO y algunas Organizaciones No Gubernamentales que trabajan en este campo.

Entrada por urgencias

Sean cuántos sean estos hombres y mujeres, sólo pueden entrar ahora a un hospital por la puerta de urgencias. Y no tienen derecho ni a acudir al médico de cabecera ni a beneficiarse de recetas subvencionadas para comprar medicamentos. Lo cierto es que el ministerio sólo ha comenzado a trabajar sobre el problema, que vienen denunciando desde hace años Organizaciones no Gubernamentales como Cáritas, Médicos del Mundo o SOS Racismo. Y que éste no depende enteramente de ese departamento, ya que es el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a través del Instituto Nacional de la Seguridad Social, el encargado de diseñar y suministrar la documentación que dé libre acceso al sistema nacional de salud, como ya ha empezado a hacer en el caso de los menores de 18 años.

El Ayuntamiento de Zaragoza, gobernado por el PP y el PAR, aprobó ayer por unanimidad una moción en la que se pide al Insalud que extienda la tarjeta sanitaria no sólo a los niños inmigrantes, sino también a los adultos, informa Concha Monserrat. La propuesta partió de Nueva Izquierda, que ha tomado esta iniciativa en todos los Ayuntamientos en los que tiene concejales.

Para las ONG debe ser la ley la que garantice la asistencia sanitaria integral -atención primaria, especializada, medicamentos subvencionados y prevención-. La tarjeta sanitaria, que también piden para los que carecen de papeles, sólo sería el mecanismo que abriera las puertas de todos los hospitales y centros de salud públicos a los indocumentados. Y de todos sus servicios: atención primaria, especializada, pruebas médicas, prevención y medicamentos subvencionados.

Los diputados tendrán la oportunidad de atajar con iniciativas legislativas algunas de las carencias que padecen los inmigrantes. A finales de mes retomarán el debate de la reforma de la Ley de Extranjería, aprobada en 1985, cuando gobernaban los socialistas. El portavoz del PP en el tema, Diego Jordano, aseguró ayer, que existe el compromiso de todos los grupos -PSOE, Izquierda Unida (IU), CiU, Partido Nacionalista Vasco y Grupo Mixto, además del PP- para sacar adelante un texto consensuado que consagre el derecho "a la asistencia sanitaria de toda persona que esté en territorio español". Esa declaración, que cuenta "con el apoyo absoluto del Gobierno", según Jordano, contrasta con la posición mantenida por el Grupo Popular en la fase de redacción de enmiendas a los proyectos elaborados por CiU, IU y Nueva Izquierda-Iniciativa per Catalunya.

Enmiendas del PP

Fueron cuatro las presentadas al texto de CiU, que reconocía el derecho de los irregulares a las asistencia sanitaria pública en tres casos: urgencias, enfermedades graves o accidentes. El PP presentó una enmienda que remitía a lo dispuesto en la Ley General de Sanidad. Pero además, en el caso de los inmigrantes en situación legal, para quienes CiU pedía el derecho a acceder a todas las prestaciones sanitarias y de la Seguridad Social "en las mismas condiciones que los españoles", el PP presentaba otra enmienda que simplemente suprimía esas palabras.Jordano aseguró ayer que no existe contradicción entre esas enmiendas y el deseo del Gobierno -Asuntos Exteriores, Interior, Sanidad, Trabajo y Asuntos Sociales, y Educación y Cultura son los ministerios implicados- y del partido que lo sostiene de garantizar la asistencia sanitaria a los sin papeles.

Para la portavoz socialista en la materia, Matilde Fernández, el Grupo Popular "pasa de negro a blanco" y el Gobierno "da marcha atrás en todo lo que cree que es un escándalo".

En cualquier caso, si la nueva Ley de Extranjería recoge el derecho a la atención sanitaria de los inmigrantes indocumentados, un reglamento deberá diseñar luego la forma en que éste se hace efectivo. La fórmula puede ser similar a la que ya ha empezado a hacer realidad el Insalud en el caso de los niños -un documento oficial y que de acceso a los hospitales y a las prestaciones farmacéuticas- o cualquier otro. Pero debe ser un documento exclusivamente sanitario, coinciden ONG, partidos y sindicatos, que garantice la intimidad de los datos de sus titulares porque todos ellos están sujetos a la expulsión del país.

Fuentes del Insalud aseguraron ayer que el problema tiene una difícil y larga solución. Y es que proporcionar la documentación sanitaria a los indocumentados es lo más fácil. Más complicado resulta destinar una partida del gasto del Insalud para cubrir su asistencia. Algo que no comparten ni las ONG ni Comisiones Obreras. Según ellos, la mayoría de los sin papeles son jóvenes en busca de empleo que no sufren graves problemas sanitarios.