La Asociación contra el Cáncer, condenada a pagar 220 millones a un empresario

La Asociación Española contra el Cáncer (AECC) ha sido condenada a pagar 220 millones de pesetas al empresario Antonio García por romper, de forma unilateral y sin aviso, un contrato exclusivo para recoger y vender ropa usada en nombre de la asociación. El contrato se rompió en 1994, según García, por negarse a pagar los 20 millones que le exigió el ex director gerente de la AECC Ricardo Alba para mantenerlo. Alba dimitió hace un mes, después de que la Unión Europea paralizara los fondos donados para Latinoamérica por la mala gestión de 700 millones.

La sentencia del juzgado de primera instancia de Madrid número 50, notificada el 20 de enero y ya recurrida por la AECC, según su portavoz, no le da toda la razón al empresario Antonio García, ex gerente de la empresa Afritex. Los 500 millones de pesetas que pedía el empresario de Alcoy (Alicante)por el daño causado tras la rescisión anticipada del contrato con la AECC se han convertido en 165.350.049 pesetas más "los intereses legales", lo que arroja un total de 220 millones, según García.La ruptura supuso el fin de la empresa y el paro para sus 40 trabajadores, según el empresario, que ha tenido que esperar cuatro años para que se resolviera la demanda civil. Y que tardará en cobrar, ya que esta cantidad está pendiente, según la AECC, del recurso de apelación presentado ante la Audiencia Provincial de Madrid.

Su empresa, que llegó a contar con 60 trabajadores, firmó el contrato con la asociación en 1987 por un periodo de cinco años. Podía recoger y comercializar ropa usada en nombre de la asociación en todas las provincias, a cambio de lo cual hacía publicidad de la asociación y le pagaba un canon anual que llegó a ser de 12 millones de pesetas. Este contrato se prorrogó varias veces.

En 1993, siempre según la versión del empresario, Ricardo Alba le exigió 20 millones de pesetas para mantener el contrato en vigor. García se negó y la relación fue rescindida pocos meses después -según la asociación "por acuerdo mutuo"; según el empresario y la juez, de forma unilateral-, aunque el contrato estaba en vigor hasta noviembre de 1997.

El fallo se ha comunicado a las partes poco después de que los auditores de la UE comenzaran su trabajo en la sede madrileña de la asociación, el 18 de enero. Del informe final de dicha auditoría, en principio previsto para febrero, depende que la UE entregue los 1.400 millones de pesetas pendientes de los fondos destinados a los programas de la asociación en Latinoamérica, paralizados desde que una investigación anterior encontrara lagunas en la gestión de los primeros 700 millones entregados.

Además está pendiente la resolución de la demanda civil presentada por el oncólogo jefe del Hospital Doce de Octubre de Madrid, Hernán Cortés-Funes, contra la directiva de la asociación por supuestas irregularidades. Y también está abierta la investigación encargada al mediador José Joaquín de Ysasi-Ysasmendi sobre la gestión de Ricardo Alba.

La presidenta de la AECC, María Esperanza Aragón Pineda, recibió ayer, casi un mes y medio después de que estallara la crisis, al presidente de la asociación en Baleares, José Forteza, uno de los que lidera la rebelión interna para que la investigación llegue hasta el final.

El encuentro -"afable y cordial", en palabras de Forteza- duró dos horas. Según el presidente balear, Aragón Pineda le aseguró que Alba ha abandonado la asociación y se ha comprometido a recibir a todos los presidentes provinciales que lo han solicitado. En esa futura reunión, aún pendiente de la autorización del Consejo de la AECC, que se reúne hoy, la presidenta deberá rendir cuentas sobre la investigación interna.