Clinton choca con los Gobiernos de los Estados en su 'guerra del tabaco'

Los Estados se enfrentan a Clinton: dicen que el dinero del tabaco es suyo; no quieren entregar al Gobierno central ni un sólo centavo de los 206.000 millones de dólares (30 billones de pesetas) que la industria pagará en los próximos 25 años. El Gobierno de Bill Clinton considera que le corresponde una parte de esa indemnización porque son sus fondos los que financian al menos la mitad de los gastos de la sanidad pública de cada Estado.

La Casa Blanca ha diseñado un plan para hacerse con una porción de la tarta, al tiempo que prepara una nueva demanda contra la industria.La administración central de EE UU asegura que intentará recuperar en los tribunales su parte del dinero gastado en la atención médica de las enfermedades provocadas por el consumo de cigarrillos. Con un claro propósito de rentabilidad política, Bill Clinton aprovechó hace unos días su discurso sobre el estado de la Unión para anunciar que los abogados del Departamento de Justicia estaban "preparando un plan jurídico para llevar a los tribunales a la industria del tabaco". Clinton redondeó su propósito con la promesa de reinvertir el dinero que hipotéticamente recuperen en la mejora de la sanidad pública norteamericana, un servicio precario que en este país se limita a la cobertura de los indigentes y de la tercera edad.

El gobierno central y las autoridades de cada estado comparten los gastos médicos de esos dos sistemas de sanidad pública de EE UU: el Medicare y el Medicaid. El acuerdo del tabaco reparte entre los estados la cantidad pactada con la industria pero no da al gobierno central ninguna parte de la indemnización.

La administración central lleva semanas tratando de recabar apoyos en el Congreso para sacar adelante una moción que le otorgue parte de esa indemnización. Sin embargo los congresistas y senadores, por tradición y por lógica, están siempre inclinados a la protección de los intereses de los estados que representan. Por eso el demócrata Bob Graham y el republicano Kay Bailey Hutchinson han puesto en marcha una iniciativa para que el Congreso apruebe una ley que prohiba al gobierno federal reclamar parte del dinero logrado en el acuerdo con las tabacaleras.

El enfado de los estados ha provocado un enfrentamiento sin precedentes con la Casa Blanca. La fiscal General del estado de Washington, Christine Gregoire, ha llegado a lanzar una advertencia a Clinton: "Como se les quite a los estados un solo centavo, iremos a los tribunales", asegura Gregoire.

Toda esta polémica está en el trasfondo de la decisión de Clinton de anunciar una nueva demanda contra la industria del tabaco. Esta iniciativa (que tardaría meses en llevarse a cabo) es sumamente compleja porque muchos expertos legales no consideran que el gobierno central tenga derecho a exigir una indemnización. Para conseguirla la administración ha de recurrir a la Ley de Recuperación de Gastos Médicos que permite perseguir el reembolso de las facturas sanitarias si se demuestra negligencia de un colectivo o una industria, como puede ser la del tabaco. Sin embargo para aplicar esa ley debe existir desconocimiento administrativo de los efectos; será difícil demostrar el desconocimiento de los efectos del tabaco cuando fue la administración central la que obligó a incluir advertencias en las cajetillas.