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La Generalitat niega que vaya a ocurrir una "catástrofe"

La réplica de la Generalitat al recurso de los exhibidores se basa en insistir en que no se pueden discutir cuestiones de fondo para decidir la suspensión cautelar de un decreto del que no se ha demostrado que cause ningún perjuicio, ya que todo se sustenta en una predicción catastrofista. La Administración catalana defiende que el decreto se ajusta a las normas comunitarias ya que las cuotas se imponen a todas las empresas, al margen de su nacionalidad, y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha aceptado restricciones a la libre prestación de servicios (no de mercancías o personas) por criterios de defensa de una cultura. La Generalitat insiste en que con el decreto se pretende que el ciudadano de Cataluña pueda escoger entre los dos idiomas cooficiales a la hora de ir a ver un filme: "No establece ninguna diferencia de trato por razón de la nacionalidad de la película o el país porque no tiene como objetivo proteger el cine producido en Cataluña o España". Argumenta que tampoco atenta contra el derecho constitucional español que establece la libertad de empresa porque en el ordenamiento jurídico ya existen normas que imponen cuotas cuya constitucionalidad nunca ha sido discutida. "El recurrente", dice el texto de la Generalitat, "desconoce que existen multitud de normas estatales que imponen cuotas lingüísticas (como el etiquetado)". Y tira por elevación: "La supuesta inconstitucionalidad, que esta parte niega rotundamente, no sería en ningún caso del decreto impugnado, sino de la ley que le da cobertura". Por último, replica al miedo de que las multinacionales dejen de distribuir más de 16 copias de un filme para evitar la cuota del catalán advirtiendo de que el decreto ya prevé una hipotética conducta obstruccionista e impone que deben distribuir en catalán al año una cuarta parte de su material doblado. Acciones Al margen del cruce de recursos, el conflicto ha movilizado a la Plataforma per la Llengua, que en un comunicado critica la discriminación de los espectadores catalanohablantes y considera que incluso los defensores de un bilingüismo perfecto deberían criticar la tibieza del decreto por no establecer unas cuotas del 50%. En el comunicado se anuncia que la plataforma ha remitido cartas a las multinacionales para que rectifiquen su política y se compromete a desarrollar las "acciones judiciales, de diálogo o directas" que crea convenientes para evitar que se produzca una "grave discriminación con claro abuso de una situación de oligopolio".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 22 de enero de 1999