Recetas contra el "medicamentazo"

"Tomo hasta ocho pastillas al día, además de las inyecciones para el hígado, laxantes y otros medicamentos". Rita Juárez es una jubilada de Gandia que a sus 67 años depende diariamente de este arsenal de comprimidos para mantener su delicada salud. Ya ha sufrido ocho operaciones repartidas entre el estómago y en el hígado, unas intervenciones que no han logrado frenar sus dolencias. "Ahora vuelvo a tener problemas por lo que me han ingresado recientemente varias veces en el hospital", afirma. Estos problemas aconsejan una novena visita al quirófano, una opción a la que se niega en redondo. Económicamente, las cosas tampoco van demasiado bien. Rita convive con el menor de sus seis hijos, de 25 años, con una pensión de viudedad de 55.000 pesetas al mes. Desde el pasado 1 de septiembre, los gastos de esta jubilada se vieron aumentados por el medicamentazo, la retirada por parte del Gobierno de José María Aznar de la subvención pública a 834 medicamentos. La lista, que afecta a 984 presentaciones farmacéuticas distintas fabricadas por 190 laboratorios, se presentó como una solución para ahorrar en gasto sanitario. Entonces, seis de las medicinas que Rita se administra diariamente quedaron fuera de la subvención estatal y pudo seguir su tratamiento gracias a la confianza de su farmacéutico: "La farmacia a la que voy me fiaba los medicamentos y los pagaba poco a poco". El caso de esta jubilada es bastante común entre la población mayor de 60 años. Enfermedades crónicas, problemas de salud como la hipertensión, el exceso de azúcar, colesterol, artrosis, descalcificación, cataratas, mala circulación son algunas de las dolencias que más sufre este sector social y que requieren, en la mayoría de casos, de un tratamiento médico continuado. Esta circunstancia y el hecho de que los jubilados sean uno de los sectores sociales con rentas más bajas ha sido el argumento que los ayuntamientos de Gandia y Alzira han defendido para aplicar el llamado contramedicamentazo. Estas dos poblaciones han asumido en sus presupuestos, mediante unas partidas de 32 y 16 millones de pesetas, respectivamente, los costes de la retirada de los 834 medicamentos de la lista de la Seguridad Social. El espíritu de la medida es igual en las dos localidades, pero su aplicación ha sido distinta. En Gandia, la ayuda del ayuntamiento -gobernado por el PSPV, NE y UV- se limita a la población de jubilados. Desde el mes de diciembre, fecha en la que se puso en práctica, ya se han repartido más de 7.000 tarjetas doradas, el particular salvoconducto que exime a este grupo social del pago de las medicinas excluídas. Alzira -con un equipo de gobierno formado por UV, PSPV y UPV- también ha optado por correr con los gastos en medicamentos que el Estado ha dejado de asumir. Esta población, sin embargo, no ha limitado su ayuda a los jubilados. Los pensionistas tampoco notarán en sus bolsillos el medicamentazo, y junto a ellos, el resto de ciudadanos contará con una subvención del 60% en el grupo de los medicamentos proscritos -básicamente laxantes, mucolíticos y antihemorroidales-, la rebaja habitual para los afiliados a la Seguridad Social. El bolsillo de Carmen, una viuda de Alzira, y su conjuntivitis crónica han sido otros de los beneficiados por el contramedicamentazo. Ella ni siquiera llega a las 55.000 de Rita y se organiza para llegar a fin de mes con 1.000 pesetas menos. En diciembre el doctor le detectó una irritación ocular que necesita los cuidados diarios de una pomada y una crema, un tratamiento de seis meses que tuvo que comenzar pagándose ella misma, hasta que en enero su ayuntamiento se hizo cargo de las medicinas. Junto a ella, Bernardo Dolz y Pascual Serrano, otros dos jubilados de la capital de La Ribera, se muestran satisfechos con la medida. Ambos tienen problemas de tensión arterial y se reúnen a diario en el hogar del jubilado para ojear la prensa, charlar y jugar al dominó o al subastat y, entre conversación y conversación, apoyan la postura de su gobierno local. "Me parece bien", señala Bernardo, "los jubilados cobramos muy poco". Como él, Pascual aplaude a su Ayuntamiento, pero con condiciones prácticas: siempre que no se aplique ningún impuesto especial. La medida no ha ido acompañada de un aumento de demanda de medicinas subvencionadas. Una céntrica farmacia de Alzira contabilizaba, una semana después de asumir el Consistorio el nuevo gasto en medicamentos, apenas nueve recetas, un volumen considerado muy bajo por el responsable de la botica, Francisco Alamanzón. En Gandia tampoco ha provocado un mayor consumo de preparados. Una farmacéutica de la localidad recuerda, sin embargo, que antes del 1 de septiembre recibió un alud de clientes convencidos de que la medida iba a afectar a todo tipo de medicamentos. Se dio, incluso, el caso de jubilados que acumularon en casa recetas a la espera de que se aprobara el contramedicamentazo para poder adquirirlas de forma gratuita. Hasta el momento, sólo Gandia ha hecho balance público. Según los primeros datos ofrecidos por el Colegio de Farmacéuticos y el Ayuntamiento, entre el 1 y el 16 de diciembre, 1.063 jubilados pasaron por alguna farmacia para retirar medicamentos excluidos, una cifra inferior a la esperada. De las expectativas de gasto mensual fijadas en 2.700.000 pesetas, durante la primera quincena, el coste de las recetas ha sido de 600.000 pesetas, menos de la mitad de lo previsto. Estos resultados han servido al Colegio de Farmacéuticos para elaborar un estudio sobre el coste de ampliar el contramedicamentazo a toda la Comunidad. La anulación del decreto del gobierno para todos los pensionistas y jubilados supondría un gasto de 600 millones de pesetas al año, es decir, el 0,2% del presupuesto de la Consejería de Sanidad. La asociación de boticarios también niega que la medida haya servido para disminuir el gasto en medicamentos. Afirman que, en lugar de los medicamentos excluidos, los médicos prescriben preparados similares más caros amparados por la Seguridad Social, por lo que, mantienen, el gasto sanitario ha crecido en más de 2.000 millones de pesetas. A esta práctica hay que añadir, según señalan los farmacéuticos, la subida de entre un 5% y un 20% del precio de los medicamentos "una medida que está a punto de adoptar el Gobierno", sólo autorizada a las especialidades farmacéuticas no financiadas por la Seguridad Social. Junto a Gandia y Alzira, Enguera asume desde el 1 de enero la factura de los medicamentos huérfanos de subvención estatal. Atraídos por estas experiencias, otros municipios se están sumando a la medida. Faura ha sido el siguiente en hacerse cargo de estos gastos sanitarios. Su alcalde anunció el 8 de enero un convenio con el Colegio de Farmacéuticos de Valencia y la entrega de 520 tarjetas entre la población jubilada para que desde el 1 de febrero pueda adquirir sin coste productos tan comunes como Clamoxil Mucolítico, Nolotil, o el resto de 832 medicamentos excluidos. Esta localidad ha destinado 7,5 millones de pesetas a la subvención de medicamentos y está estudiando ampliarla también a los pensionistas. Los ayuntamientos de Paterna y Burjassot siguen a los anteriores en la intención de correr con los gastos en medicinas para los jubilados. Esta última localidad ya ha reservado 10 millones de sus presupuestos y, según los cálculos de su alcalde, el socialista José Luis Andrés, está previsto que la medida entre en funcionamiento en marzo. Paterna puede ser la siguiente en sumarse al contramedicametazo. De momento se encuentra analizando la experiencia de Gandia y la forma de aplicarla entre los jubilados de su municipio.