El PSOE promueve un debate parlamentario sobre la iniciativa

"En lugar de asegurar la calidad de la enseñanza que transferirán en unos meses a las comunidades que aún no tienen competencias, modifican la ESO sin consultarlas, atropellándolas, puesto que serán esas comunidades las que deberán aplicar la reforma que el Gobierno decida". Con estas palabras explica la portavoz de Educación del PSOE en el Congreso, Clementina Díez de Baldeón, su opinión sobre la forma en que el Gobierno ha tomado esta iniciativa. La reforma de Aguirre afectará a las seis comunidades que no tienen aún competencias (Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Madrid y Murcia) y a las tres últimas que las han recibido (Aragón, Cantabria y La Rioja), según el secretario general de Educación, Francisco López Rupérez, que dijo ayer que no se ha consultado a las seis primeras porque "el planteamiento del ministerio es gestionar hasta el último día como si no fuera a haber un proceso de traspasos, porque esa es su responsabilidad". Los socialistas presentarán en los próximos días una proposición no de ley con la que pretenden abrir un debate parlamentario sobre esta iniciativa. Los portavoces de educación de los principales partidos políticos se han mostrado muy críticos con el PP. La representante de CiU, Carmen Laura Gil i Miró, ha declarado que "no le gusta nada" el plan elaborado por Aguirre y considera que "representa un paso atrás en el sistema educativo español". Para María Jesús Aramburu, de IU, "la reforma es una falta de respeto a las comunidades autónomas". Los colectivos de profesores han remitido en las últimas semanas múltiples cartas a Esperanza Aguirre en protesta por los cambios. El Colegio Oficial de Geólogos de España calificó la supresión de esta materia en 4º de ESO como "un error pedagógico sin precedentes en la educación española" y los profesores de música manifestaron su "incomprensión" ante la reducción de horas de esta materia, que les parece "una sensible pérdida para la educación musical". El Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza (STES) pidió al Gobierno la retirada del proyecto, que calificó de "grave retroceso".