El Ayuntamiento de Jerez desoye a la Junta y prohíbe una planta de residuos peligrosos

El proyecto de ampliación del vertedero jerezano de Bolaños, propiedad de la empresa Vertidos Industriales del Sur (Verinsur), para almacenar residuos tóxicos y peligrosos ha generado una monumental polémica en la que se han visto envueltos el Ayuntamiento de Jerez y la Junta de Andalucía. Tras varios días de desmentidos, declaraciones cruzadas y confusión, la comisión de gobierno del consistorio jerezano decidió ayer no conceder las licencias pertinentes para la instalación de la planta, a la que se oponen de plano los ecologistas de Cádiz.

En la decisión del alcalde de Jerez, Pedro Pacheco, que ha desautorizado a su delegado de Medio Ambiente, Luis Silva -que apoyó la instalación-, han pesado las teorías defendidas por varios colectivos e instituciones y, principalmente, por Ecologistas en Acción, cuyo portavoz en este asunto, Daniel López Marijuán, afirmó que los detalles de esta iniciativa "ponen los vellos de punta". Esta asociación elaboró una larga lista de productos tóxicos que iban a ir a parar al nuevo vertedero, entre los que se incluían aceites usados, taladrinas, ácidos y bases, lodos industriales, amiantos, envases contaminados, asfaltos y emulsiones, palas y acumuladores eléctricos y tubos fluorescentes. López Marijuán señaló que Bolaños tenía previsto actuar como planta de transferencia del macrovertedero de Nerva. La Junta ha confirmado este extremo, aunque redujo el ámbito de procedencia de los vertidos a las pequeñas empresas y comercios que, al generar escasas cantidades de residuos, se enfrentan en estos momentos a costes muy elevados a la hora de transportarlos a Nerva. Los ecologistas aseguran en sus alegaciones al proyecto que el emplazamiento elegido está a menos de dos kilómetros del cauce del Guadalete, por lo que cualquier emergencia pondría en peligro la recuperación del río. Ecologistas en Acción cuestionó también la impermeabilidad de los terrenos y exigió un plan general de prevención y gestión de residuos, acompañado de programas para minimizar su cantidad y peligrosidad. La Consejería de Medio Ambiente ha defendido, por el contrario, la idoneidad de la instalación. La Delegación en Cádiz tachó de alarmistas a los ecologistas y descartó cualquier peligrosidad para el entorno. Medio Ambiente reconoce, no obstante, que la planta se iba a dedicar a inertización y compostaje y a recepcionar residuos tóxicos urbanos e industriales de Jerez y su zona de influencia. El consejero de Medio Ambiente, José Luis Blanco, añadió ayer que la negativa del Ayuntamiento al proyecto supone una violación del Plan Director Provincial de Residuos, "aunque ante eso", apostilló, "el Ejecutivo andaluz no puede ni va a hacer nada", ya que se trata de una iniciativa privada que no compete a la Junta. Blanco recalcó: "El Gobierno autonómico ha sido el único que ha continuado siendo coherente con el plan".También confirmó la paralización y suspensión del estudio de impacto medioambiental que elaboraba su consejería. "Veo mucho más riesgo en la situación actual de estos residuos, sobre los que apenas se ejerce control, que en su tratamiento en una planta especializada", concluyó.