El Supremo tomará declaración a testigos por las deudas ficticias de Guadalajara

Las cuentas de la Diputación de Guadalajara se han convertido en un quebradero de cabeza para Francisco Tomey, que además ostenta el cargo de vicepresidente de la Comisión de Presupuestos del Senado y de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP). Al presidente de la corporación alcarreña se le acusa también de un presunto delito continuado de falsedad en documento oficial por la incorporación de deudas ficticias o inexistentes a los presupuestos de la Diputación.

Adolfo Prego Oliver, magistrado instructor de la causa que investiga la Sala Segunda del Tribunal Supremo, llamará a declarar en los próximos días a diversos testigos relacionados con este caso, según señalan fuentes judiciales. Hasta el momento, la única persona que ha prestado declaración ante Prego ha sido el propio Tomey, que defendió su inocencia e insistió en que las cuentas contaron con el visto bueno de los técnicos.

El Supremo investiga todas las cuentas corrientes bancarias de la Diputación abiertas durante los años 1992, 1993 y 1994, así como la participación de la corporación en los Tributos del Estado. Asimismo, indaga quiénes elaboraron el presupuesto.

Tomey hizo figurar como "pendientes de cobro créditos inexistentes o ficticios por importe superior a los 3.500 millones de pesetas" en las liquidaciones de los Presupuestos de la Diputación de Guadalajara entre 1991 y 1995, según el decreto que dictó el pasado mes de febrero María Ángeles García, fiscal jefe de esa provincia. Esas diligencias se elevaron a Jesús Cardenal, fiscal general del Estado, que las trasladó al Tribunal Supremo, ya que Tomey es aforado.

Junto a Tomey fue imputado por el mismo delito José Villalgoro, interventor de la Diputación, que falleció meses después víctima de una enfermedad. Recientemente, Rosario Iglesias, la nueva interventora, dio de baja 2.904 millones de pesetas de supuestas deudas pendientes de cobro porque no cumplían los requisitos exigidos por la Intervención General del Estado. Al analizar los libros contables detectó "errores en los criterios seguidos para el reconocimiento de ingresos y gastos".

El caso Tomey tiene su origen en una denuncia presentada en junio de 1997 por Jesús Alique, diputado y portavoz socialista en Guadalajara.