Los promotores deberán ceder un 10% de suelo urbano a los Ayuntamientos de Euskadi

El Tribunal Constitucional (TC) ha levantado la suspensión del artículo de la ley vasca que determina la cesión obligatoria por parte de los promotores de viviendas de un 10% del suelo urbano a los ayuntamientos. El Alto Tribunal declaró en agosto la suspensión del apartado primero de este artículo a instancias del Gobierno central. El Ejecutivo del PP considera que ese apartado es contradictorio con la Ley de Suelo, aprobada por las Cortes en abril y que tiene carácter básico, es decir, que está por encima de las legislaciones regionales en determinados aspectos.

El artículo único, apartado primero de la Ley del Parlamento vasco, determina la participación de los Ayuntamientos en las plusvalías generadas por la acción urbanística. Obliga a los constructores a ceder el 10% del suelo no urbanizable y del terreno urbano donde vayan a construir a los consistorios. En ambos casos, libres de cargas de urbanización. Sin embargo, la Ley estatal del Suelo distingue a la hora de hacer la cesión dos tipos de suelo urbano: el consolidado y el no consolidado. Así, especifica que en el caso del suelo urbano consolidado los promotores no tendrán que ceder el 10%. La legislación vasca no incluye esta distinción y trata el suelo urbano por igual, sea consolidado o no, obligando a los constructores a ceder siempre el 10%. En el caso de suelo no urbanizable no hay colisión entre las dos normas. De esta forma, mientras la ley vasca favorece a los Ayuntamientos, la ley estatal protege más los intereses de los promotores. Un terreno urbano consolidado es aquel que ya se ha convertido en parcelas, mientras que el no consolidado necesita de una urbanización para que se convierta en parcela y pueda acoger la futura edificación. El Tribunal Constitucional levanta ahora la suspensión porque no se "ha acreditado que la norma vasca vaya a provocar un perjuicio verdaderamente irreparable o de muy difícil reparación", según se expone en el auto judicial al que ha tenido acceso este periódico. En cualquier caso, el TC no emitirá la sentencia definitiva hasta dentro de dos o tres años al menos, dada la cantidad de trabajo que acumula. Los terrenos son propiedad de particulares. Cuando un promotor quiere construir viviendas tiene que hacer un plan parcial en el caso de que se trate de terreno urbanizable y ceder el 10% al Ayuntamiento para que le conceda la licencia de construcción. La cesión de suelo a los Ayuntamientos por parte de los constructores es una manera de que estas administraciones se vayan haciendo con su propio patrimonio de terreno, que en el caso de Euskadi tienen que destinar en primer lugar a la construcción de viviendas de protección oficial o pisos sociales, según queda expuesto en la Ley de Patrimonios Públicos de Suelo. Conflictividad La cesión de un determinado porcentaje de suelo a los ayuntamientos viene siendo causa de conflicto entre los gobiernos vasco y central desde hace dos años. El director de Ordenación del Territorio del Gobierno vasco, Juan Ignacio Izeta, recuerda que la principal polémica surgió cuando el Ejecutivo autónomo aprobó su ley y chocó con la norma estatal, que no diferenciaba entre suelo urbano consolidado y no consolidado. "Al no hacer el distingo", indica, "el Gobierno central recurrió al TC diciendo que el País Vasco imponía la obligación de cesión en el suelo consolidado, cuando él la liberaba desde su Ley. Por eso recurrieron ese primer apartado ante el TC, que afectaba al suelo urbano". El Gobierno vasco se dirigirá a los Ayuntamientos para informarles del asunto y dejar que ellos decidan la norma que quieren aplicar.