Un plan conformista

LOS PLANES de estabilidad de los Gobiernos europeos están diseñados como documentos que aspiran a lograr la aprobación de las autoridades comunitarias. No son, en ese sentido, textos que tengan implicaciones políticas internas. En el caso del español, se da la circunstancia añadida de que el periodo que abarca es superior al plazo de mandato que le queda al Gobierno, por lo cual hay que descontar ciertas dosis de voluntarismo. Estas consideraciones deben ser tenidas en cuenta al valorar el Plan de Estabilidad 1999-2002 español, que prevé una tasa de crecimiento medio de la economía para el periodo del 3,3% y la creación de 1,3 millones de empleos, hasta reducir la tasa de paro del 18,5% actual al 12,8%. El plan incluye, como ejercicio de convergencia real, una aproximación de la renta española a la media europea desde al 79% actual hasta el 82%.La columna vertebral de este plan consiste precisamente en sostener el crecimiento económico por encima del de los países de la UE para homologar la renta española con la europea y mantener un aumento sustancial del empleo durante los próximos cuatro años. Todo ello en un marco de una estabilidad relativa de los precios -inferiores al 2%- y con un horizonte de equilibrio presupuestario en el año 2001 y superávit en el siguiente. Ahora bien, el entramado de fuerzas económicas que debe soportar estos objetivos es, como sucede en los presupuestos, de difícil instrumentación. Se supone que la inversión pública, con un crecimiento medio anual del 10%, será el principal dinamizador del crecimiento. Pero estas tasas deben alcanzarse en una dinámica presupuestaria de descenso de la presión fiscal en 1999 y de congelación durante el resto del periodo. Cabe preguntarse si será factible lograr un aumento medio del 10% anual de la inversión en estas condiciones. En cuanto al consumo privado, que debe ser el segundo motor del crecimiento, es un factor de estímulo que ha de manejarse con cuidado, puesto que puede hipotecar los objetivos de inflación y de equilibrio exterior.

Es oportuna además una reflexión política sobre el déficit. Será complicado explicar a la sociedad española que se ha registrado un superávit del 0,1% del PIB -en el ejercicio 2002- cuando han disminuido de forma tan notable las prestaciones por desempleo, las pensiones suben lentamente, las infraestructuras ni aumentan ni mejoran y la calidad de los servicios públicos empeora a pasos agigantados. A favor de los objetivos del Gobierno operan factores tales como las ventajas inmediatas que obtendrá la economía española en la unión monetaria, y la mejora financiera de las familias y empresas españolas debido al prolongado descenso de los tipos de interés y a la rebaja de los impuestos el año próximo. A cambio, no está claro que la crisis económica del sureste asiático y Rusia haya cicatrizado definitivamente; y tampoco lo está que Francia y Alemania, los países con los que España realiza los intercambios comerciales más importantes, vayan a entrar en una expansión que amplíe su comercio exterior. Alemania, que está considerada la locomotora europea, puede crecer menos del 2% el año que viene.

La llave del futuro de la economía española sigue siendo la competitividad. Es público y notorio que la diferencia de inflación con las zonas centrales del área monetaria donde vamos a integrarnos, y algunas diferencias sustanciales en la flexibilidad laboral, va a deteriorar la competitividad de los productos españoles el año próximo. Es sorprendente, en ese contexto, que el Gobierno, por medio de su secretario de Estado de Economía, Cristóbal Montoro, corrija sus posiciones habituales y sostenga que el objetivo de inflación del plan es compatible con subidas salariales por encima del IPC; porque una política económica correcta exige reducir la tasa de inflación al menos hasta el nivel de la de nuestros interlocutores comerciales. No está mal que, por una vez, se abandone la ominosa relación causa-efecto entre salarios y precios; pero ello exige que, a cambio, el Gobierno aborde con firmeza planes ambiciosos de liberalización que rompan los privilegios sectoriales, responsables de que los precios de los servicios -transportes, suelo, telecomunicaciones, servicios profesionales- estén en niveles disparatados. Una vez que la economía española opere en el espacio monetario común, lo más relevante serán las relaciones de intercambio de precios; precisamente las que hoy nos son desfavorables.