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Gobierno y Generalitat pactan alcanzar los 25.000 mossos en 2030 y un consorcio para acelerar inversiones

El consejero de Presidencia Albert Dalmau informa los grupos parlamentarios y patronales y sindicatos de las principales medidas que adoptará la Comisión Bilateral

El consejero Albert Dalmau saluda al representante de CC OO tras la reunión con las patronales, sindicatos y entidades municipalistas.
El consejero Albert Dalmau saluda al representante de CC OO tras la reunión con las patronales, sindicatos y entidades municipalistas.

El Gobierno y la Generalitat de Cataluña sellarán hoy la nueva etapa de relaciones desde que Salvador Illa asumió la presidencia del Govern y lo visualizarán con nuevos acuerdos en el seno de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat, que no se reunía desde 2022, y con la de la de Transferencias, que no lo hacía desde 2010. Las dos comisiones acordarán este lunes en el Palau de la Generalitat que haya diferentes promociones de los Mossos d’Esquadra hasta alcanzar la cifra de 25.000 agentes desde ahora hasta 2030. La medida va acompañada de un plan de choque para crear 60 nuevas plazas de jueces en Cataluña para acercarse a la media española de número de magistrados cada 100.000 habitantes (12 frente a 10,9) y un consorcio público, pactado con ERC en los acuerdos de investidura, para acelerar inversiones.

Con la doble medida, el Govern afronta su prioridad de combatir los problemas de seguridad y reincidencia y no dar argumentos a la extrema derecha. El aumento de plantilla de los Mossos ya la pactó el expresident Pere Aragonès pero no se había implementado. Al paquete policial y judicial, se le añade también el traspaso definitivo de la gestión de las becas, una reivindicación histórica de la Generalitat ya pactada y nunca consumada, y el consorcio paritario ya citado. Este ente estará activo en 2026 y empezará por liquidar la partida de la Disposición adicional Tercera del Estatut que el Estado adeuda a Cataluña del periodo 2009-2013. La cifra exacta la calculará un grupo de trabajo que ahora se creará. Los acuerdos dotan también a la Generalitat de capacidad para convocar plazas para funcionarios municipales como secretarios e interventores.

Antes de la celebración de la Bilateral, el consejero de la Presidencia, Albert Dalmau, ha informado a los grupos parlamentarios (PSC, Junts, comunes y ERC) del alcance de las medidas así como a las patronales, sindicatos y entidades municipalistas. El PP ha excusado su inasistencia y la CUP tampoco ha acudido al considerar que las bilaterales son una “farsa” y una “operación de marketing” que esconde el conflicto político. La extrema derecha de Vox y de Aliança Catalana no han contestado a la invitación. El socialista Ferran Pedret ha expresado su satisfacción por los acuerdos y la líder de los comunes, Jéssica Albiach, ha reclamado que el ahorro de 1.300 millones anuales en intereses que Cataluña logrará con la condonación del FLA se destinen a vivienda.

Mientras empezaba la Comisión Bilateral, Oriol Junqueras, presidente de ERC, que el sábado se reunió con el Illa en el Palau, ha anunciado que la condonación, que el PSOE aceptó en 2023 como contrapartida para investir a Pedro Sánchez, se elevará a 17.000 millones de euros. La suma ha acabado eclipsando los acuerdos de las dos comisiones que presidirán con aire solemne Dalmau y el ministro de Política Víctor Torres. Con el acuerdo del FLA, el pacto para que la Generalitat dirija Rodalies a partit de 2026, ERC cierra una semana redonda. No solo eso: el consorcio era también una reivindicación de los republicanos.

A la izquierda, los portavoces de ERC,  Josep Maria Jové, Josep Rius (Junts), Ferran Pedret (PSC) y Jessica Albiach (comunes). Delante, el consejero Albert Dalmau.
A la izquierda, los portavoces de ERC, Josep Maria Jové, Josep Rius (Junts), Ferran Pedret (PSC) y Jessica Albiach (comunes). Delante, el consejero Albert Dalmau. Andreu Dalmau (EFE)

La histórica baja ejecución de las inversiones estatales en Cataluña es una de las críticas más recurrentes del independentismo. La entidad pactada en los acuerdos de investidura establece que su objeto será la gestión y ejecución de las inversiones del Estado en territorio catalán. En 2021, según los datos del Ministerio de Fomento, Cataluña recibió 739,7 millones de euros del Gobierno, el 35,7% de lo comprometido en los Presupuestos. Una cifra muy baja si se compara con el 67% de ejecución previstas por el conjunto del sector público estatal. O del superávit de 946 millones adicionales que Madrid recibió, frente a lo que contenían las cuentas. El PSOE y ERC ya pactaron para la investidura de Pedro Sánchez, una “comisión de inversiones” mixta para acordar “la priorización y planificación de la actividad inversora y su seguimiento y ejecución”.

Dirigentes de la patronal, sindicatos y entidades municipalistas han saludado los acuerdos. El presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre, ha subrayado la nueva etapa de colaboración entre las dos Administraciones; el de PIMEC, Antoni Cañete, ha destacado que se recupere la Adicional Tercera y el secretario general de la UGT en Cataluña, Camil Ros, ha aprovechado el buen clima para recordar, sin citarla, a ERC la conveniencia de que Cataluña tenga presupuestos. Sergi Penedès, secretario de la Asociación Catalana de Municipios, en la órbita soberanista, ha felicitado al Govern y celebrado que se haya conseguido que el Gobierno de el derecho de paso por sus carreteras para extender la fibra óptica solo este año al 80% de municipios y al 100% cuando acabe la legislatura.

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