Jubilados que viven de alquiler, la otra crisis de vivienda: “No hay pisos que podamos pagar”

La extensísima condición de propietarios de vivienda entre los mayores de 65 años en España les blinda considerablemente ante la vulnerabilidad. La encuesta de condiciones de vida del INE de 2024 indica que el 88,6% de este colectivo vive en casas de propiedad, y el 82,3% tiene la hipoteca pagada. Son mayores que ya no tienen gastos de vivienda ni riesgo de desahucio, además de un activo del que tirar si necesitan afrontar gastos. Pero ¿y los jubilados que viven de alquiler? Según la misma encuesta son solo un 5,2% en alquileres de mercado y un 2,3% en viviendas de protección o rentas antiguas. Un 7,5%, sumados. Economistas, demógrafos y sociólogos alertan de la vulnerabilidad de los jubilados que son inquilinos en pisos del salvaje mercado privado. Si las cosas no cambian, serán protagonistas de una nueva crisis de vivienda: con pensiones de jubilación más precarias que las actuales, tendrán problemas si no les renuevan el contrato para encontrar pisos que puedan pagar y serán víctimas del casting inmobiliario que relega a los menos solventes, como migrantes o mujeres solas. Lo ven venir también entidades como Cáritas.

En Barcelona, epicentro del alquiler en España, con un 38% de vecinos inquilinos, comienzan a aflorar casos. Ocurre en barrios humildes con inquilinos con pensiones muy modestas. Pero también en el céntrico y señorial Eixample, más acomodado, en edificios que han sido comprados por inversores que no renuevan los contratos, reforman las viviendas y las destinan a alquileres turísticos o de corta estancia. Los testimonios que aparecen en este texto lo hacen con nombre falso, están asustados y no quieren ser identificados.

En Nou Barris, al norte de la ciudad, vive Marta (nombre falso, está asustada), de 70 años. Paga 427 euros de alquiler con una pensión de 700 euros y una ayuda de la Generalitat. Se le acabó el contrato en septiembre. Está en lo que se llama tácita reconducción, pero la propiedad quiere recuperar el piso y ha iniciado un proceso judicial para echarla. “Tenía ahorrado para el traslado, pero además de que los precios están imposibles, es que no hay pisos. Y en las inmobiliarias me dicen que solo me alquilarían con otro sueldo, y no quieren animales”. Ella tiene dos perros pequeños. “Como haya muchos yayos con mi pensión, nos vamos todos a la calle, así te lo digo”, sentencia mientras maldice el poco empeño que tuvo en cotizar lo que le correspondía. Trabajó décadas un montón de horas al día y solo tenía contrato para cuatro. “Ese fue mi fallo, no pensar en la vejez. Ahora no aceptaría ni media hora en negro”, se reconcome. Igual piensa sobre no haber comprado. Vivió en pareja, pero en circunstancias complicadas. “Y alquilar no daba inestabilidad, quién podía imaginar que se convertiría en lo de ahora”, justifica.

En el Eixample está el conocido edificio de la calle de Tarragona, con 120 viviendas, cuya propiedad tramitó 120 licencias de piso turístico durante un vacío legal en 2023. Desde entonces, no renueva los contratos. Hay inquilinos que superan los 80 años. Como Mercè y su marido. Su contrato acaba en dos años y tienen el miedo metido en el cuerpo. “Llegamos hace 20 años y la propiedad [la familia Gallardo] te daba la confianza de que te quedarías para siempre”, dice Mercè. Pagan 1.200 euros, “que no es poco”. Pero no encuentran nada cerca, donde también viven sus hijos. “No hay pisos normalitos que podamos pagar y a los jubilados no nos quieren alquilar”, lamenta. “Competimos contra el mercado, contra parejas extranjeras con sueldos muy altos y con pisos que no son viviendas, sino turísticos”, lamenta esta mujer que fue directiva y que busca con antelación: “Tengo un ansia que me está costando la salud, no puedo esperar a buscar cuando tenga 82 años”. Enrique es otro de los veteranos de este edificio. Cumple 83 en unos días. Pero él no busca piso. “Estamos sentenciados. Lo único que podemos hacer es sentarnos a negociar y luchar hasta el final de la mano del Sindicato de Vivienda, tenemos contrato hasta julio de 2028″, dice. Y asegura: “Aunque buscara, los pisos de alquiler ya no existen, solo de temporada, y 11 meses supone una incertidumbre no asumible para una persona de mi edad”.

Competimos contra el mercado, contra parejas extranjeras con sueldos muy altos y con pisos que no son viviendas, sino turísticos”

El Instituto Metropoli (participado por el Ayuntamiento de Barcelona, el Área Metopolitana, tres universidades y la Cámara de Comercio) publicó el año pasado un informe sobre la situación residencial de las personas mayores en la capital catalana que señala el problema. Dirigido por el sociólogo Sergio Porcel, del área de cohesión urbana, alerta de que “es previsible que el efecto protector de la propiedad de la vivienda entre la población mayor mengue en las próximas décadas”. Porque si ahora los mayores de 65 años son abrumadoramente propietarios (75%), entre las generaciones que llegarán a los 65 en las dos próximas décadas, los propietarios no llegan al 40%. Una situación que “puede traducirse en más inseguridad residencial e incremento de los gastos de vivienda”, afirma el estudio y avisa de la brecha que se está abriendo entre propietarios e inquilinos: “Entre los que llegarán a los 65 en las próximas décadas, la población que vive de alquiler tiene unos niveles de pobreza y precariedad económica antes de los gastos de vivienda muy superior a los actuales inquilinos mayores”. Con un 38% de hogares arrendatarios, “es probable que se incremente el número y proporción de mayores inquilinos, caiga el porcentaje de los que viven en alquileres de renta antigua o duración ilimitada, y que la población inquilina tenga unos ingresos inferiores”. En síntesis, “puede comprometer el bienestar de una parte importante de la población mayor de las próximas décadas”.

Desde el Centro de Estudios Demográficos de la Universidad Autónoma de Barcelona, el geógrafo, profesor e investigador Juan Antonio Módenes lo ha estudiado también: “En una situación de presión residencial, con riesgo de que las condiciones de alquiler empeoren [en oferta y en precio], en un escenario donde las pensiones no están garantizadas ni en importe ni en existencia, el sobreesfuerzo en pagar casa aumentará”. Módenes señala el mayor riesgo de la población migrante, con cotizaciones más bajas o no regulares, como consecuencia de vidas laborales con empleos más precarios. El experto fue uno de los responsables de un informe del Observatorio Metropolitano de la Vivienda titulado Envejecimiento y vivienda, que en 2019 realizó previsiones a dos décadas vista (2038): “Las personas mayores viviendo en hogares de propiedad pagados caerá del 81% al 69%”. “Unas 400.000 personas vivirían en viviendas con un cierto componente de inestabilidad potencial y 109.000 personas estarían pagando solas hipotecas o vivienda”, lo que se traduciría en “100.000 personas mayores con sobreesfuerzo económico” debido al pago de vivienda.

El catedrático emérito de Economía Aplicada Josep Oliver impartió hace 10 días la conferencia inicial de un curso dirigido por la experta en vivienda Carme Trilla con el título La crisis de asequibilidad en la vivienda, centrada en el alquiler, en la que alertó del “choque de demanda que se avecina” provocado por la presión demográfica, y también citó el porvenir de los jubilados inquilinos. “La encuesta de presupuestos familiares de 2023 afirma que en un tercio de los hogares inquilinos (1,1 millones de personas) la persona de referencia tiene más de 50 años: la accesibilidad de esta población cuando se jubile caerá, porque sus ingresos caerán. Y si, además, les revisan el alquiler al alza, el problema se duplica. Si no hay un cambio en las condiciones del alquiler, las condiciones de estas familias empeorarán”, conviene. Y además de la población migrante que llegue a la jubilación cita también la situación de los trabajadores autónomos, cuyas pensiones son inferiores a las de los asalariados. Un escenario que empeora todavía más cuando las previsiones de la Unión Europea, el Fondo Monetario o el Banco Mundial apuntan a que el gasto público en pensiones se reducirá, remacha Oliver.

En Cáritas Barcelona, la responsable de la Asesoría Jurídica, Sònia Lacalle, recuerda que el drama del alquiler es de tal calibre que en la entidad atienden “sobre todo a personas que están en habitaciones”. “Antes en situaciones de exclusión podíamos salvar las emergencias ayudando a pagar fianzas, ahora ni eso, ahora habitaciones. Porque alquilar se ha convertido en un lujo. Pese a que las personas mayores tendrán pensión para siempre, los caseros no les quieren. Pueden llevar 20 años pagando religiosamente y no les renuevan solo para poner a otro que pague más”, constata. Y advierte de que, llegado el caso, a los mayores no les quieren alquilar habitaciones tampoco. Por si su salud empeora.