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La protección a la Ciudad Universitaria enfrenta al alcalde con Ruiz-Gallardón

Las diferencias entre el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad, gobernados ambos por el Partido Popular, ya no son sólo soterradas. La firma del alcalde José María Álvarez del Manzano encabeza un escrito del consorcio urbanístico de la Ciudad Universitaria en el que se pide al Gobierno regional que abandone sus intenciones de declarar esta zona como bien de interés cultural. La comunicación fue aprobada el martes con el refrendo de los demás integrantes del consorcio: los rectores de la Universidad Complutense, la Politécnica y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).El papel de la controversia entró ayer mismo en el registro general de la Comunidad de Madrid. Aunque los desencuentros entre ambas administraciones eran notorios en muchos temas recientes (autopistas subterráneas, operación Chamartín, Ley de Capitalidad, guerra del gas), ésta es la primera ocasión en la que el regidor de la Casa de la Villa suscribe un documento oficial contra una decisión de sus correligionarios regionales. Y lo hace con una compañía ilustre: los rectores Rafael Puyol (Complutense), Saturnino de la Plaza (Politécnica) y Jenaro Costas (UNED), el mismo que le impuso la semana pasada el birrete como doctor honoris causa.

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Una reforma muy complicada

La carta de los rectores y el alcalde es muy contenida en la forma, pero rotunda en el fondo. Los firmantes alaban que la consejería quiera preservar de agresiones la Ciudad Universitaria, pero apuntan que una resolución de tanta trascendencia como la declaración de bien de interés cultural se haya tramitado "sin una consulta previa" ni "el conveniente diálogo". Y no sólo eso: también dejan caer la "coincidencia" de que el expediente de bien cultural se abriera "dos días antes de la firma del convenio de colaboración entre las universidades y el Ayuntamiento para la realización de algunas actuaciones urgentes". Hace una semana, el gerente de la Complutense, Dionisio Ramos, había declarado: "Nosotros no creemos en las casualidades".

El consejero de Educación y Cultura, Gustavo Villapalos, reaccionó ayer enfurecido. "Ese documento es una agresión. La declaración de bien de interés cultural seguirá adelante", recalcó.

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"Obstaculiza el desarrollo"

Villapalos encuentra "inaudito" que el alcalde haya firmado la carta de los rectores

Entre los responsables académicos ha circulado con profusión durante estos últimos días un texto que el hoy consejero de Educación y Cultura, Gustavo Villapalos, remitió a la Comunidad en 1990 cuando él era rector de la Complutense. En aquella ocasión, Villapalos se pronunciaba contra la catalogación de la Universitaria como patrimonio histórico-artístico. Y lo razonaba así: "Obstaculiza el desarrollo normal de las actividades universitarias al tener que someter todos los expedientes de obras a un trámite innecesario de autorización previa. Es una duplicación de la solicitud de licencia municipal".Ayer, Villapalos se mostró perplejo con el escrito de los rectores y el alcalde, del que no tuvo conocimiento hasta última hora de la tarde. "Es la primera vez que alguien dice públicamente que no quiere ser bien de interés cultural, y eso no puede dejar de sorprender", anotó. Sin embargo, el consejero dejó claro que continuará adelante con sus planes, pese a las protestas. "A mí no se me ocurre decirle a una universidad cómo tiene que hacer un plan de estudios. Lo mismo les pido a ellos con respecto a la Ley de Patrimonio, que parecen desconocer. En ella se nos atribuyen unas competencias, y son irrenunciables", enfatizó.

Por si no hubiera quedado claro, el consejero de Educación y Cultura insistió: "No vamos a modificar ni una coma de la declaración. Tan pronto termine el periodo de alegaciones [un mes], seguiremos adelante con ella. Sin ningún género de dudas".

En el Ejecutivo regional escuece que tres rectores rubriquen un escrito contra una de sus decisiones. Sin embargo, que el alcalde avale ese escrito con su firma provocó que ayer se dispararan las alarmas en el seno del Gobierno autónomo. En especial, por el contenido del punto número seis de esa carta: en él, los autores reclaman a los "organismos competentes" que adopten "medidas largamente solicitadas, como desviar el tráfico que hoy atraviesa la Ciudad Universitaria, diseñar un campus unido sin la ruptura que supone la carretera de A Coruña (...) y, si es necesario, recuperar para la Ciudad Universitaria los usos educativos que debe tener".

Villapalos respondió: "Me parece tan inaudito que no doy crédito a que el alcalde haya firmado una cosa así. En primer lugar, porque se está pidiendo a sí mismo que resuelva el problema de la carretera de A Coruña, una competencia que comparten el Ayuntamiento de Madrid y el Ministerio de Fomento. Y en segundo lugar, porque reclamar usos educativos para la Universitaria supone pretender que se desaloje al presidente del Gobierno del Palacio de la Moncloa, que Esperanza Aguirre se mude con el Museo de Arte Contemporáneo o que vayan recogiendo los bártulos el presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el secretario de Estado para el Deporte o altos cargos del Ministerio de Industria, entre otras personalidades más".

El ambiente se ha enrarecido tanto que el consejero regional meditaba ayer "replantearse muchas cosas" sobre las relaciones que el Gobierno de Madrid mantiene con las universidades. "De la UNED no decimos nada, porque es de titularidad estatal. En cuanto a la Complutense y la Politécnica, que participan en nuestro plan de 60.000 millones para inversiones universitarias, habrá que reconsiderar si pensaban hacer actuaciones que atentaran contra la naturaleza cultural". Pero el recelo es mutuo. Dionisio Ramos, el gerente de la Complutense, también apuntó: "Que la Comunidad promueva sin previo aviso una resolución de estas características no es excepcional. Es único".

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