Presupuestos y reformas estructurales

Los Presupuestos para 1999 suponen un paso más en el proceso de consolidación y saneamiento de las cuentas públicas iniciado en los últimos años. Sin embargo, junto a los aspectos positivos derivados de la continuidad en la moderación del comportamiento del gasto público surgen ciertas dudas acerca de la sostenibilidad de dicho proceso. Así, la reducción de las necesidades financieras que conducirán a un déficit público en torno al 1,6% se apoya en exceso en la coexistencia de un ciclo expansivo de la economía y los efectos que la mejora del entorno económico-financiero interno, cuya manifestación más visible sea la reducción de los tipos de interés, implican sobre la contención del gasto.Desde una perspectiva a largo plazo, la estrategia de saneamiento basada en el buen comportamiento de las magnitudes macroeconómicas tropieza con dos grandes limitaciones: las propias incertidumbres derivadas sobre la continuidad y la duración de los ciclos expansivos de crecimiento, junto a las propias características estructurales del gasto público cuyo componente coyuntural posee un carácter reducido.

En este sentido, el éxito de toda estrategia que se apoye en dichos fundamentos está limitada por ambos elementos, cuya superación requiere una política presupuestaria de mayor alcance que gire en torno a las variables estructurales que dominan la evolución del gasto y déficit públicos, permitiendo así un cierto aislamiento o mayor cobertura ante el riesgo o incertidumbres derivadas de los cambios en el entorno económico que puedan tener lugar a medio y largo plazo.

Así, aun teniendo en cuenta las dudas acerca de su sostenibilidad, no se puede ignorar que con las cuentas públicas presentadas para el próximo año, se trata del tercer ejercicio consecutivo en el que tiene lugar dicha evolución moderadora del gasto, rompiendo una tendencia de comportamiento del sector público en la que tradicionalmente se observaba un crecimiento del mismo por encima de la actividad económica general y al margen de los ciclos.

Sin embargo, en aras de garantizar la sostenibilidad de este proceso, como se ha mencionado al principio, en el futuro resulta importante preguntarse cuáles están siendo los ejes sobre los que se está sosteniendo este proceso de control y saneamiento de las arcas públicas, por lo que se hace necesario un análisis algo más detallado que la mera visión de las cifras globales.

Tomando como punto de partida los gastos de personal, éstos prevén un crecimiento del 2,3% en 1999, cifra inferior a la proyección contenida en el ejercicio anterior, que se situaba en un 3,2%, reflejo de un crecimiento salarial fundamentado en una inflación decreciente y la moderación o cuasi nulo incremento del empleo público.

Situándonos ahora en el capítulo de gastos corrientes en bienes y servicios, el crecimiento previsto para 1999 es del 7%, lejos del recorte de más de 6 puntos experimentado en 1997, circunstancia que deja entrever la posibilidad de que se haya alcanzado un límite por debajo del cual ya sea extremadamente difícil practicar recortes en esta partida.

Las transferencias corrientes constituyen el núcleo central del presupuesto, representando el 65,5% del mismo con una previsión de incremento del 5,8%, encontrándose en ellas apartados como las transferencias del Estado a las comunidades autónomas y corporaciones locales, los gastos sanitarios, las pensiones y las prestaciones por desempleo. Se trata, pues, de factores cuya naturaleza responde en su mayoría a características de índole estructural cuyo control se sitúa precisamente en este terreno, en aspectos como la redefinición del modelo de financiación de las pensiones o de un modelo de descentralización autonómico y local que aborde la estructuración de un sistema de gasto eficiente, por citar algunos ejemplos.

Llegados al apartado de inversiones, o más genéricamente, de las operaciones de capital, el aumento previsto del 7,3% se considera positivo, ya que supone un esfuerzo inversor y un paso, aunque todavía insuficiente, para aumentar el peso que la inversión pública tiene en el conjunto de la actividad económica, teniendo en cuenta que dicha variable ha sido tradicionalmente una de las más afectadas por la aplicación de políticas presupuestarias restrictivas, pues mientras que en 1990 significaba un 4,9% del PIB en la actualidad tan sólo alcanza un 2,9% del mismo.

Se han dejado para el final los componentes financieros, es decir, los pagos de intereses y los gastos derivados de la amortización de la deuda. Así, comparado el presupuesto actual con el que se presentó en 1998, se produce un ahorro que asciende a 1,87 billones de pesetas, como consecuencia de los efectos de la trayectoria descendente de los tipos de interés y de la progresiva reducción de las necesidades de financiación debido a la propia evolución del déficit público, alimentado este último por la favorable coyuntura prevista desde la óptica de los ingresos.

En líneas generales, la continuidad del ciclo expansivo requiere dar un paso más en la profundización de las reformas de naturaleza presupuestaria, a fin de minimizar aun más los posibles efectos negativos derivados de las inestabilidades que puedan tener lugar a nivel internacional, y de reducir las incertidumbres que dicho marco económico presupuestario genera.

La sostenibilidad del crecimiento del gasto público, al margen de las oscilaciones y la fase del ciclo en que nos encontremos, supone la necesidad de abordar las reformas estructurales pendientes que nuestra economía tiene desde hace bastante tiempo. Así, es precisamente en esta etapa, en la que el ciclo tiene carácter expansivo, donde precisamente deben abordarse dichas reformas. La reforma y reordenación del gasto sanitario, la redefinición del sistema de financiación de las pensiones y la profundización de la reforma en el mercado de trabajo que permita la reducción del elevado componente estructural del paro, por citar algunos de los ejemplos más importantes, son aspectos cuya transformación se hace necesaria si deseamos que la evolución del gasto y, por ende, del déficit y endeudamiento públicos, no responda sólo a los efectos de un ciclo positivo, sino que se sustente en una situación presupuestaria cuyo saneamiento se fundamente sobre bases sostenibles a medio y largo plazo.

Fernando Casado es director del Instituto de la Empresa Familiar y catedrático de Economía de la Empresa.