El CES rechaza de plano el nuevo sistema de retenciones del IRPF

El pleno del Consejo Económico y Social (CES) aprobó ayer un duro dictamen contra el proyecto de real decreto que regula las retenciones en el nuevo Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). En el documento, el CES solicita que sea Hacienda, y no las empresas, la que efectúe las retenciones a los trabajadores, debido a la complejidad del proceso. Señala que el nuevo mecanismo "puede suponer una violación de la intimidad en cuestiones personales que trascienden a la empresa" y pide que no se comience a aplicar en enero, sino que su entrada en vigor se aplace tres meses.

El CES -órgano consultivo en el que están representados patronal, sindicatos, consumidores y expertos nombrados por el Gobierno- estima que implantar el sistema diseñado por Hacienda "puede presentar graves problemas de puesta en práctica, al tener que adaptar las empresas sus sistemas administrativos al nuevo procedimiento de cálculo". En opinión del consejo, los problemas derivados de la aplicación del sistema de retenciones "afectarán igualmente a las grandes, a las medianas y a las pequeñas empresas".El dictamen señala que el proceso requiere "un conocimiento muy minucioso del impuesto por parte del agente retenedor, el cual no necesariamente poseerá tal conocimiento (...). Junto a ello", sostiene el escrito, "las empresas tendrán que afrontar la entrada al euro, lo que supondrá un doble esfuerzo para los empresarios en un plazo tan corto de tiempo".

El órgano consultivo considera que Hacienda está delegando en la empresa la función de búsqueda y manejo de información, que es propia de la Administración Tributaria, con lo que se quiebra la relación directa entre el ciudadano y la Hacienda Pública.

"Esta delegación", advierte, "le acarrea al retenedor asumir determinadas competencias que no le corresponden y que pueden generar un aumento de litigios (...). Por ello", explica, "el consejo considera más adecuado que sea únicamente la propia Administración Pública la que disponga de tales datos y sea ella la que, teniendo en cuenta las previsiones de ingresos aportados por las empresas, determine el porcentaje de retención aplicable a cada trabajador".

El CES estima que "la información que el trabajador debe facilitar a su empresa para realizar la retención puede resultar excesiva y suponer una violación de la intimidad en cuestiones personales que trascienden a la empresa".

El duro dictamen señala que la "información requerida puede dar lugar a fricciones en el desarrollo de las relaciones laborales. Esto se agrava con la posibilidad de sanción en caso de no aportar la información, así como de una penalización fiscal al aumentar las retenciones".

Para el consejo, el proceso de regularización de las retenciones puede implicar "importantes costes para las empresas, especialmente para las que tengan un número elevado de trabajadores temporales". El CES detecta una contradicción "con el espíritu impulsor de la reforma del IRPF, uno de cuyos objetivos era simplificar las obligaciones de los contribuyentes".

Retraso de tres meses

"Por todo ello", señala el dictamen, "el CES considera de difícil aplicación, en el plazo previsto, el nuevo sistema, por lo que propone un proceso previo de diálogo e información con los agentes sociales, cuyo plazo razonable no debería ser inferior a tres meses"."Durante este tiempo, el CES aconseja aplicar las retenciones vigentes en 1998, con una reducción apreciable, para luego quedar automáticamente regularizadas a partir del mes siguiente", señala el dictamen.

Este plazo, en opinión del consejo, "permitirá a las empresas adaptar sus medios administrativos, personales y materiales" al nuevo sistema.