Bruselas advierte al Gobierno y a las eléctricas de que las ayudas no han sido autorizadas

El comisario de la Competencia, Karel van Miert, advirtió ayer al Gobierno español y a las compañías eléctricas de que corren un riesgo si Congreso y Senado aprueban el proyectado sistema de compensaciones, por una cuantía de 1,3 billones de pesetas. El comisario criticó que el Gobierno no haya notificado la operación, por lo que no está autorizada; dejó claro que las cantidades deben ser correctas y no excesivas; indicó que su equipo está examinando el plan y alertó a todos los afectados de que si el plan del Gobierno se plasma sin permiso de Bruselas, se hará por su "cuenta y riesgo".

¿Qué riesgo corre? El de un eventual procedimiento por infracción del Derecho comunitario de la competencia. Los parlamentarios socialistas Ludivina García-Arias y Fernando Pérez-Royo suscitaron la doble cuestión de los acuerdos entre las eléctricas y de las compensaciones gubernamentales a la apertura a la competencia durante el plenario del Parlamento Europeo en Estrasburgo. Lo hicieron en términos muy duros, criticando el plan con alusiones al "capitalismo de compadres o de reparto del botín", y preguntando a la Comisión cuál era su actitud, porque podría vulnerar "el espíritu y la letra de los tratados" y perjudicar a los consumidores.Van Miert respondió que ya había hablado con el ministro de Industria, Josep Piqué, a principios de mes. En esa ocasión le recordó que una operación de ese tipo debe notificarse obligatoriamente a Bruselas y que antes de ese trámite no puede considerarse autorizada.

Mientras no haya autorización comunitaria, "esa operación corre por cuenta de las empresas, porque la Comisión tendrá que comprobar si las ayudas dadas por las autoridades para compensar estos costes de transición es correcta". Y por tanto, "si se sigue adelante, el riesgo corre por cuenta de las empresas afectadas".

El comisario aseguró que habría preferido un aplazamiento: "No le oculto que yo he abogado ante el Gobierno para que esa operación se aplazara", relató. Y que le había aconsejado que no lo alumbrase hasta contar con la luz verde de Bruselas: "Se les ha advertido de que no lo hagan antes de que la Comisión haya terminado sus trabajos", añadió.

Piqué se comprometió a realizar la preceptiva notificación a Bruselas. En este caso, debe hacerse por partida doble: para que la Comisión pueda analizar si la operación se adecúa a la directiva sobre el mercado común eléctrico, que regula la financiación del régimen transitorio hasta que se culmine la plena apertura del mercado, y para que pueda examinar si cumple el derecho de la competencia, especialmente en los artículos que limitan rigurosamente la concesión de ayudas estatales a las empresas. Van Miert vino a indicar que no tenía constancia de que el expediente hubiera llegado. "No podríamos aceptar que no se nos notificara esta cuestión para estudiarla de manera conveniente".

¿Qué ocurriría después de que fuese notificada la operación? Pues que la Comisión debería "comprobar si las ayudas dadas por las autoridades para compensar estos costes de transición son correctas", aunque a título personal consideró que "lo más coherente" sería que las empresas afrontasen por ellas mismas la liberalización. Como la notificación no se ha presentado, "resulta imposible ofrecer ninguna indicación sobre la sustancia del asunto", añadió. El caso es que la operación no está autorizada. Cuando se notifique, Bruselas la estudiará. Caben tres posibilidades: que la autorice sin más, que sugiera modificarla o que abra un procedimiento por infracción del Tratado. En esa hipótesis, el desenlace más grave consistiría esencialmente en prohibirla y obligar a las empresas a que devolviesen las ayudas.

La diputada Laura de Esteban (PP) apoyó la liberalización eléctrica y recordó que otros países también otorgan compensaciones a las eléctricas en contrapartida a los esfuerzos que les exige la apertura. Van Miert le respondió que eso no autoriza a ningún Gobierno a sortear las normas comunitarias.