La declaración universal de responsabilidades recoge el deber de injerencia de los estados Concluye en Valencia la redacción del borrador que será entregado a la Unesco

El borrador de la declaración universal de responsabilidades y deberes humanos consta de 36 artículos y un preámbulo que explica su razón de ser: garantizar el cumplimiento de los derechos humanos 50 años después de su formulación. En su artículo sexto, el documento, que será entregado a la Unesco para su discusión, recoge el deber de injerencia de los estados, bajo la autorización de la ONU, para "prevenir o detener" guerras de agresión, genocidios, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y otras flagrantes violaciones.

Con la sesión de ayer concluyen los encuentros del Tercer Milenio que se han celebrado en la ciudad de Valencia organizados por el Ayuntamiento y la empresa ADC Nouveau Millénaire con el patrocinio de la Unesco. Juristas, dirigentes de organismos internacionales, políticos, periodistas e intelectuales se han reunido en tres ocasiones en Valencia para discutir los contenidos de la declaración. La propuesta surgió de tres antiguos funcionarios de la Unesco (ahora integrantes de la empresa ADC) y fue asumida por la alcaldesa, Rita Barberá, con el fin de hacer "una aportación al mundo desde Valencia". Una vez finalizada la redacción del documento, falta dar el paso decisivo: la aceptación de de sus postulados por parte de la conferencia general de la Unesco. El secretario general de ese organismo, el español Federico Mayor Zaragoza, ha mostrado su apoyo a la iniciativa, pero serán los representantes de los países en la conferencia de enero los que decidan sobre la oportunidad y validez de la propuesta. El borrador está pendiente de algunas modificaciones y de la introducción de algún artículo más, como el referente a los medios de comunicación y la libertad de expresión. Los miembros del grupo de expertos internacionales presidido por el juez del Tribunal Constitucional de Sudáfrica y ex fiscal jefe del Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia, Richard Goldstone, no han llegado de momento a un acuerdo en este sentido. Curiosamente, es el único punto en que el documento, que ya cuenta con una formulación jurídica, remite a una posterior redacción. En los considerandos del preámbulo, el borrador asume los enunciados de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la Convención Internacional sobre Derechos Políticos y Civiles, del Convenio Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y de otros instrumentos internacionales de derechos humanos. El texto se divide en varios capítulos: Disposiciones generales; La seguridad humana y derecho a la vida; La seguridad humana y el orden internacional equitativo; La participación significativa en el gobierno; Libertad de opinión, expresión, asamblea, asociación y religión; El deber a la integridad personal y física; Protección de minorías y pueblos indígenas; Los derechos del niño y del anciano; Trabajo, calidad de vida y nivel de vida;Educación para todos, y Derecho a remedio. En las disposiciones generales, en el artículo primero se especifica que "deber significa una obligación ética o moral", y "responsabilidad significa una obligación perceptiva conforme a la legislación internacional vigente". La declaración está dirigida a la comunidad global, entendiendo por ella a Estados y todos tipo de organizaciones y colectivos. En el segundo artículo, se señala que "los estados tienen el deber y la responsabilidad de adoptar cualquier medida legislativa, administrativa,política u otra necesaria para asegurar el respeto y a hacer cumplir y fomentar de forma proactiva dentro de un territorio o bajo su jurisdicción, los derechos humanos y libertades fundamentales. El capítulo segundo aborda la seguridad humana y el derecho a la vida. En él se alude al deber de injerencia e intervención,una cuestión muy debatida en los últimos tiempos en las instancias internacionales a propósito de gravísimos conflictos sangrientos como el de Ruanda o el de la antigua Yugoslavia. "Cuando los Estados individuales dejan de actuar con eficacia para prevenir la perpetración de las conductas referidas en el párrafo 1 [guerras de agresión, genocidios, crímenes contra la humanidad o crímenes de guerra, entre otras violaciones], o no castigan tales conductas, los Estados tienen el deber colectivo, bajo la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU (o una entidad regional o subregional dotada con semejantes poderes), de intervenir para prevenir o detener tal perpetración". El derecho a remedio reconoce el deber y la responsabilidad de los Estados a proporcionar remedios judiciales, adminitrativos, legislativos y demás cuando haya sido amenazado o violado un derecho humano o libertad fundamental.