Condenados cuatro veterinarios de la Generalitat por abusar de su cargo

Los veterinarios Pere Casadevall, Josefina Juscafresa, Mateu Bataller y Albert Barmon, este último presidente del Colegio de Veterinarios de Girona, han sido condenados a cuatro años de inhabilitación para cualquier cargo público y a pagar una multa de 3,6 millones de pesetas. La sentencia indica que los procesados se aprovecharon de la autoridad que les confería su cargo como inspectores del Departamento de Sanidad de la Generalitat en la Garrotxa para poner en marcha un laboratorio privado y captar a las empresas que inspeccionaban.

Uno de los cuatro procesados, Mateu Bataller, no tenía plaza propia, realizaba suplencias a menudo y se le ha condenado como cooperador necesario de los hechos delictivos. La sentencia considera que los cuatro veterinarios son culpables de un delito de negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos. Albert Bramon, que ostenta la presidencia del Colegio Oficial de Veterinarios de Girona, deberá abandonar el cargo a causa de la inhabilitación. Bramon, Juscafresa y Casadevall trabajaban como inspectores veterinarios durante la época de los hechos juzgados, en el año 1991, y debían controlar la higiene de las empresas cárnicas de la comarca, a cuyas instalaciones acudían periódicamente para realizar análisis. Según la sentencia, "movidos por el propósito de obtener un beneficio económico y haciendo prevalecer su condición de veterinarios oficiales en la captación de clientes de las industrias cárnicas que inspeccionaban", los tres veterinarios acordaron poner en marcha, junto con Bataller, un laboratorio de análisis de materias primas. La sociedad, constituida en 1991, se denominó Planificación y Autocontrol. La sentencia indica que Bramón y Juscafresa tomaron conciencia de que podían estar incurriendo en alguna ilegalidad en julio de 1992 y, después de adquirir las participaciones de los otros dos socios, cambiaron sus objetivos fundacionales por los de arrendamiento de industria con maquinaria e instalaciones. No obstante, la explotación del negocio corrió a cargo de una nueva sociedad en la que igualmente estaban involucrados sus ex socios, uno directamente y otro a través de sus hijos. El tribunal ha validado las acusaciones vertidas por algunos industriales contra los condenados en sus declaraciones policiales, a pesar de que durante el juicio la mayoría de estos testigos rectificaron lo dicho y exculparon la actuación de los veterinarios. La sentencia destaca que algunos de ellos efectuaron "auténticas cabriolas para desdecirse de sus declaraciones anteriores". Al respecto, el juez considera significativo que la causa empezara a raíz de una denuncia de uno de estos empresarios, que justo el día antes de empezar el juicio se retiró del procedimiento. Durante su declaración, los veterinarios se refirieron a la escasez de medios con que debían realizar sus análisis. Los inspectores aseguraron que entre 1991 y 1992 el Departamento de Sanidad no les dotaba del instrumental necesario para realizar su trabajo.