EEUU hará públicos documentos secretos sobre los crímenes del régimen de Pinochet

El Gobierno de Bill Clinton, respondiendo a las peticiones de organizaciones de derechos humanos estadounidenses e internacionales, decidió ayer desclasificar y hacer públicos "el máximo número posible" de documentos secretos relacionados con violaciones de los derechos humanos cometidas por la dictadura del general Augusto Pinochet. Esa decisión expresa la voluntad de equilibrio del Gobierno norteamericano, colocado en una embarazosa situación por la detención en Londres de un militar al que el Estados Unidos de Richard Nixon aupó al poder.

"El Gobierno", declaró James Rubin, portavoz del Departamento de Estado, "está realizando una revisión de los documentos en su poder que puedan arrojar luz sobre violaciones de derechos humanos cometidas durante la era Pinochet. Desclasificaremos y haremos pública toda aquella información que sea consistente con las leyes de EE UU".Esa actitud compensa en cierto modo la adoptada el día anterior por el mismo Rubin, que, aún insistiendo en que el caso Pinochet compete a los Gobiernos y tribunales del Reino Unido y España, puso el acento en que deben ser atendidas las exigencias chilenas de conciliar la necesidad de justicia con la consolidación de su proceso democrático. Desde la detención de Pinochet, el 16 de octubre, a petición del juez Baltasar Garzón, el Gobierno norteamericano mantiene un soterrado pero vivo debate interno. Algunos de sus miembros desearían que, como le han solicitado a Clinton congresistas demócratas y grupos de derechos humanos, EE UU se sume a las acciones internacionales contra el ex dictador para exorcizar su pasada colaboración con la dictadura chilena y poner en práctica la doctrina expresada por el presidente de que los sospechosos de genocidio y terrorismo no deben encontrar ningún santuario en el planeta.

Ese sector es el que impulsó que los departamentos de Justicia y Estado debatieran el pasado mes la posibilidad de que EEUU solicitara a Londres la extradición de Pinochet por los asesinatos en 1976 en Washington del exiliado chileno Orlando Letelier y su asistente norteamericana Ronni Moffit. Madeleine Albright estudió incluso la posibilidad de reunirse con los familiares de Letelier y Moffit. Pero esas iniciativas fueron bloqueadas al imponerse el criterio mayoritario de que el caso Pinochet puede sentar un precedente peligroso para los intereses norteamericanos. EE UU ya se opuso a la creación de un tribunal penal internacional por su temor a que algunos de sus líderes o altos funcionarios puedan ser perseguidos por hechos como los bombardeos de Vietnam y Camboya, la guerra del Golfo o el reciente bombardeo de una fábrica de medicamentos en Sudán.

Rubin confirmó ayer que el Gobierno de Clinton no ha alcanzado todavía una posición de consenso sobre el caso Pinochet. Pero añadió que EE UU tiene un pasado "de firme condena de los abusos cometidos durante el régimen de Pinochet". Y también reiteró que la posición del Gobierno demócratico chileno de intentar impedir la extradición a España del general "merece respeto".

La decisión anunciada ayer, cuyo alcance sólo podrá medirse en los próximos días, satisface parte de las exigencias de los manifestantes que, el 28 de octubre, se concentraron en Sheridan Circle, la rotonda de Washington donde Letelier fue asesinado en 1976 con un coche bomba. Los manifestantes pidieron a Clinton que entregue a la justicia española toda la documentación secreta norteamericana que vincula a Pinochet con actos de terrorismo internacional y también que reabra el caso Letelier.

Documentos desclasificados parcialmente el pasado octubre confirman que EE UU sabía que el general Manuel Contreras, jefe de la DINA y cerebro del atentado contra Letelier, obedecía órdenes directas de Pinochet. Un telegrama del 15 de abril de 1975 enviado a Washington por el agregado de defensa norteamericano en Santiago explica el funcionamiento de la DINA y afirma que Contreras "informa exclusivamente y tan sólo recibe órdenes del presidente Pinochet". Contreras, que está encarcelado en Chile desde 1995 a petición de EE UU, escribió el pasado año a la justicia de su país que él actuó por instrucciones del ex dictador.