Denuncia a la Junta de Residuos de Cataluña por monopolio

Trabajar con basuras se ha convertido en un negocio rentable, y en Cataluña, un monopolio si se trata de residuos peligrosos. Empresas de otras autonomías que gestionan este tipo de desperdicios han sido expulsadas del mercado catalán, al tiempo que se obliga a los fabricantes locales a que entreguen sus desechos a Gricsa, una empresa privada que tiene la concesión de los residuos especiales.

José Francisco Núñez Martín, director de la empresa madrileña Cartera Ambiental, que lleva varios años operando en Cataluña, ha denunciado ante la Dirección General de Política Económica y Defensa de la Competencia, del Ministerio de Economía y Hacienda, a la Junta de Residuos de Cataluña por infringir la Constitución y el Tratado de la Unión Europea. Núñez también ha apelado a instancias de la Unión y no descarta llevar su caso al Tribunal Europeo de Estrasburgo.Según consta en la denuncia presentada a finales del mes pasado ante Defensa de la Competencia, Cartera Ambiental lleva gestionando desde 1992 residuos especiales catalanes, lo que supone casi el 40% de su negocio. Los recoge de sus clientes y los reagrupa en su planta de Ajalvir (Madrid) para su traslado posterior a un centro de tratamiento o incineración en Bélgica o Francia. Durante el año pasado movilizó 8.400 toneladas de estos residuos y facturó 790 millones de pesetas, 300 de los cuales corresponden a su cuota en el mercado catalán. Desde el pasado 15 de septiembre, Cartera Ambiental tiene prohibido trabajar en Cataluña.

"Eso es una barbaridad", comenta Xabier Garmendia, ex viceconsejero de Medio Ambiente del Ejecutivo vasco. Opiniones semejantes se han vertido en el IV Congreso Nacional de Medio Ambiente, celebrado en Madrid. Las directivas europeas tienden a que los residuos peligrosos se gestionen lo más cerca posible al lugar donde se generen, pero no prohíben su transporte ni su gestión en cualquier otro emplazamiento dentro de la UE.

La propia patronal catalana, Fomento del Trabajo, y la Federación Empresarial Catalana del Sector Químico (Fedequim), están molestas con la iniciativa de la Junta de Residuos y apoyan a sus asociados frente a la imposición de que entreguen sus residuos a Gricsa, sociedad que les aplica unas tarifas oficiales mucho más elevadas que las del mercado, aunque luego aplique dumping (precios inferiores a los costes), según relata en su denuncia Cartera Ambiental. Por citar un ejemplo, mientras la tarifa oficial por cada kilo de líquido halogenado es de 88,64 pesetas, la real oscila entre las 53 y las 59 pesetas frente a las 70 que paga Cartera Ambiental.

Gricsa fue promovida por el actual secretario de Estado de Infraestructuras, Albert Vilalta, cuando era consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Jordi Pujol en 1995. El concurso para gestionar los residuos especiales incinerables en la zona nororiental de Cataluña se adjudicó a una filial de FCC (Técnicas de Protección Ambiental) ese mismo año. En 1997, la Junta decidió constituir la sociedad Gestió de Residus Incinerables de Catalunya, SA (GRICSA), en la que se reservaba el 10% y ampliaba su campo de actividad a toda Cataluña. A su accionariado se ha incorporado la alemana RWE y el grupo francés Vivendi.

Hasta comienzos de este año, todos los operadores de residuos especiales en Cataluña habían funcionado sin problemas. Había trabajo para todos. De hecho, Cataluña produce más de un tercio de todos los residuos de esta tipología que se generan en España (1.149.625 toneladas al año frente a 3.924.645). Pero ha sido a partir de marzo de este año cuando ha empezado a poner puertas a su mercado.

Pronto comenzará a funcionar en Constantí (Tarragona) la primera incineradora de España para el tratamiento de estos residuos. Tiene capacidad para tratar 30.000 toneladas al año y ha costado 12.000 millones de pesetas, de los cuales 5.300 son aportaciones de los fondos de cohesión europeos.

Núñez cree que el escrito enviado en marzo por la Junta de Residuos a los fabricantes catalanes, indicándoles que Gricsa es la única autorizada para recibir sus residuos, está encaminada a amortizar la construcción de Constantí. El otro escrito enviado en septiembre a Cartera Ambiental y otros gestores comunicándoles que no se autorizará la exportación de residuos fuera de Cataluña va en la misma dirección. "Me han rechazado 29 envíos en lo que va de año, se queja Núñez.