El Gobierno regula por sorpresa las fundaciones sanitarias

El Gobierno ha elaborado una propuesta de regulación de las fundaciones públicas sanitarias que debe incluirse, según consta en su presentación, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos para 1999. El proyecto redactado prevé la posibilidad de crear fundaciones sanitarias para la gestión de servicios sanitarios públicos y contempla que sus trabajadores puedan regirse por el estatuto del personal sanitario.

El objetivo de estas fundaciones, que se definen como "organismos públicos adscritos al Instituto Nacional de Salud (INS)", será "la gestión, administración y prestación de centros, servicios y establecimientos sanitarios de protección de la salud o de atención sanitaria en el ámbito del INS".El proyecto pretende respetar los derechos laborales adquiridos por los trabajadores, ya que prevé que "el personal al servicio de las fundaciones, con carácter general, se regirá por las normas de carácter estatutario relativas al personal de Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social".

Asimismo, "podrá incorporarse personal que ostente vinculación de carácter funcionarial o laboral, al que será de aplicación su propia normativa". En cambio, el personal directivo tendrá vinculación laboral, a no ser que sea estatutario, en cuyo caso su nombramiento será por el procedimiento de libre designación.

Estas fundaciones podrán tener su propio patrimonio y podrán también "tener bienes adscritos por la Administración General del Estado" y se regirán por la ley de Entidades Públicas Empresariales. El PP ha dado instrucciones a su grupo parlamentario para que dé la máxima celeridad a la tramitación. El proyecto será presentado en el Senado para ser incorporado a la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos del Estado de 1999.

La diputada y ex ministra de Sanidad, Ángeles Amador, calificó ayer de "intolerable la forma nocturna y alevosa" con la que el PP plantea esta regulación. "El Gobierno sabe que las fundaciones que ha creado en los hospitales de Alcorcón y Manacor no tienen cobertura legal suficiente. Y esto no lo decimos sólo nosotros, lo dicen eminentes juristas. Y ahora nos plantea por sorpresa una regulación que puede cambiar radicalmente el modelo de gestión de los centros públicos".

"Nosotros estamos a favor de modernizar la gestión de los servicios sanitarios, porque las rigideces actuales no permiten que sean todo lo eficientes que deberían, pero el ocultismo con que aborda el PP sus proyectos nos hace temer que tenga intenciones ocultas".

El PSOE votó a favor de la ley sobre gestión sanitaria aprobada en 1997, pero la falta de desarrollo de esta ley ha hecho cundir las sospechas sobre las verdaderas intenciones del PP.

A propuesta del partido socialista, el Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad que el Gobierno presentara un proyecto de reglamento de la ley antes del 1 de septiembre de 1997. Pero no lo ha hecho y el nuevo proyecto puede dejar sin efecto la ley pactada en 1997. "Si se confirma que el PP pretende ahora, después de resistirse a elaborar el reglamento, aprobar esta nueva regulación en el último momento, sin avisar y en el último trámite de los presupuestos, es que debe tener razones ocultas para hacerlo", insistió anoche Ángeles Amador.