El PNV traslada al Congreso la pugna política sobre las ayudas de la Unión Europea a la Margen Izquierda

La pugna política en la Margen Izquierda, un área de cerca de 300.000 habitantes donde el ascenso de votos del PP en las últimas elecciones le ha acercado al PNV y PSE-EE, seguirá en los próximos días fuera de Euskadi. El próximo martes, los nacionalistas presentarán una moción en el Congreso de los Diputados en la que instan al Gobierno a que defienda la calificación de la comarca como Objetivo 1, un tratamiento que duplicaría las ayudas de la Unión Europea. "El PP tiene una magnífica ocasión para rectificar su voto en el Parlamento europeo en contra de las excepcionalidades en el Objetivo 1", dijo el portavoz del PNV en el Congreso, Iñaki Anasagasti. El pulso político sobre la Margen Izquierda se ha incrementado desde septiembre. Entonces el Gobierno central y el vasco se enzarzaron por la canalización de 800 millones de ayuda a través de un organismo del Ejecutivo de Madrid y no por la SPRI, dependiente del Gobierno vasco. A finales de octubre, el PNV acusó al PP y PSOE de obstaculizar el aumento de ayudas de la UE por no apoyar la aprobación de una norma que permita acceder a la Margen Izquierda al Objetivo 1, el programa destinado a las regiones más desfavorecidas, que concede a España 800.000 millones de pesetas al año y con la que esta comarca vizcaína pasaría de los 4.900 millones de subvenciones anuales a 10.000, así como el aumento de ayudas oficiales a la inversión del 25% actual al 60%. El penúltimo episodio fue el jueves, cuando los socialistas abandonaron la Comisión de Revitalización, un órgano que agrupa a las tres administraciones vascas y la central para incentivar la creación de puestos de trabajo. Ayer, el PNV anunció su moción para que el Gobierno central defienda la catalogación de Objetivo 1. Esta decisión será tomada en marzo en el Consejo de Ministros de la UE, pero el pasado jueves el Parlamento Europeo desestimó admitir excepciones en el Objetivo 1 -que se aplique también a comarcas, no sólo a regiones o comunidades autónomas- por 256 votos en contra frente a 216. La decisión, aunque no es vinculante, fue calificada por los dirigentes nacionalistas como "una derrota en la batalla final que se desarrollará en marzo", según dijo el eurodiputado Josu Jon Imaz.