El "Núremberg" de Pinochet

ENVIADO ESPECIALEn la explanada de la puerta de St. Stephen, por la que se entra a las dependencias de la Cámara de los Lores, al término de una de las seis sesiones de la vista pública sobre la inmunidad del general-senador Pinochet, mientras un grupo de exiliados agita sus pancartas ante los monitores de varias cadenas de televisión, el periodista vuelve a preguntar a Pablo Longueira, el dirigente y diputado chileno de Unión Demócrata Independiente (UDI), uno de los partidos pinochetistas, lo mismo de cada día, como si se tratase de un acto ritual:

-¿Y el general?¿Qué dice el general?

Longueira asegura haber visto al general Pinochet sólo cinco minutos el domingo 8 de noviembre en el hospital psiquiátrico de Londres en el que espera la decisión, y recuerda que ya ha narrado a los medios lo estupendo que se encuentra desde el punto de vista moral y de ánimo, aun cuando anda con muletas a raíz de la operación de espalda. Pinochet cumple mañana lunes un mes de arresto primero y "custodia" policial en régimen de libertad provisional. Y el responsable de su detención, el juez Garzón, ha sido amenazado de muerte a través de Internet justamente el mismo día en que han terminado las sesiones en Londres. "Todo para evitar la extradición", dice la advertencia.

"Hoy no sé cómo está el general. No he vuelto a hablar con él desde el domingo", alcanza a decir cuando suena su teléfono móvil. En ese mismo momento, al periodista se le acerca otro político chileno, joven, amigo de Longueira. Y en plan cómplice, algo desmoralizado, le espeta:

-Está claro que existe una sola versión de la historia de Chile, y esa versión, después de 25 años, no es la nuestra.

Era, según supo después el periodista, Alberto Espina, presidente de Renovación Nacional, otro de los partidos de derecha. Está claro, pues, que los pinochetistas creen que Chile es una excepción a la regla. La historia no la han escrito los vencedores de 1973, como es normal al término de una guerra, sino los derrotados. Al cabo de las seis sesiones en la Cámara de los Lores se ha aceptado como un hecho casi probado que bajo el régimen de Pinochet se detuvo gente de manera ilegal, se la torturó salvajemente, que fueron asesinados millares de personas y secuestradas muchas que jamás volvieron a aparecer. El Gobierno chileno aceptó en su día que se trata de unas 4.000 personas.

Quizá la conclusión de Espina explique la campaña de prensa de Pinochet, supervisada por sus abogados, en los últimos días de la vista. Los periódicos británicos se hicieron eco el domingo 8 de un comunicado del general, en el ofrecía una versión que justificaba el golpe del 11 de septiembre de 1973 por la presunta existencia de un plan de Allende para dar, con apoyo de "guerrilleros armados", su propio golpe de Estado preventivo. La tesis no es nueva. Henry Kissinger, ex secretario de Estado de Estados Unidos, anunciaba en su primer tomo de memorias, en 1979, al referirse a Chile, que Allende preparaba un golpe militar, y prometió que en el segundo volumen daría los detalles. Al parecer, olvidó hacerlo. Y Pinochet ha recordado ahora esa promesa.

Durante seis sesiones, un tribunal de cinco magistrados de la Cámara de los Lores, en funciones de tribunal supremo, ha levantado, de hecho, un escenario en el que, con el propósito inmediato de escuchar las alegaciones a favor y en contra de la inmunidad del general, en relación con una primera sentencia del Alto Tribunal de Justicia, dictada el pasado 28 de octubre, han tenido lugar unas audiencias que evocaron algunas de las cosas que se dijeron en las 216 sesiones que se celebraron en Núremberg, entre el 20 de octubre de 1945 y el 1 de enero de 1946. Se enjuició allí a 24 personalidades del régimen nazi. Aquel tribunal fue presidido por un inglés, Lord Justice Geoffrey Lawrence. La apelación contra la inmunidad, que impulsó la Fiscalía de la Corona británica, tenía el apoyo, además, del Gobierno de España (en realidad del juez Baltasar Garzón), los jueces de instrucción de Londres Nicholas Evans y Ronald Bartle, el comisario de Policía Metropolitana de Londres y el secretario de Estado para el Home Department (equivalente al Ministerio del Interior).

Quizá este pequeño Núremberg se explique por la personalidad de los lores que forman el tribunal. Lord Steyn, afrikaner, llegó a Londres en 1972, desde su país natal, Sudáfrica, donde ejerció como abogado. También procede de Sudáfrica Lord Hoffmann, que, además, es judío. Lord Hoffmann y Lord Nicholls, otro de los jueces, formaron parte del Tribunal de Apelaciones de Hong Kong antes de su devolución a China. Y ahora han vuelto a ese tribunal, lo que les lleva a permanecer más de un mes al año allí. El asunto de los derechos humanos, muy presente en Hong Kong y en China, no les resulta ajeno.

Lord Slynn, presidente del tribunal, posee una amplia experiencia en materia comercial, ya que procede del Tribunal de Justicia de Luxemburgo, y parece ser un hombre inclinado a no crear problemas en el Reino Unido por hechos ocurridos en el exterior y derivados de la ley internacional. El quinto miembro es Lord Lloyd, que compartiría con Lord Slynn la tendencia a no dejarse impresionar por asuntos de derechos humanos que suceden lejos de Reino Unido.

La apelación, dirigida por el abogado Alun Jones, con el apoyo de dos profesores universitarios, Ian Brownsley, de Oxford, y Christopher Greenwood, de Cambridge, argumentó que no se trata de "revolucionar" el sistema judicial británico declarando la preeminencia de las leyes internacionales que reprimen el genocidio. La ley de Inmunidad de los Actos de Estado de 1978 no puede ser utilizada, han dicho, para amparar al general Pinochet ante una extradición como la que solicita España, por crímenes contra la humanidad. "La extradición es un procedimiento penal, los delitos de genocidio están incluidos en el Convenio Europeo de Extradición firmado por el Reino Unido", sostuvo Jones.

Actuaciones del Estado

La defensa de Pinochet dividió su respuesta en dos frentes. Por un lado, la abogada Clare Montgomery arguyó que no existe obligación internacionaldel Reino Unido para entregar a Pinochet a España. Sus actos en Chile fueron actuaciones del Estado realizados por la policía, los militares y el servicio de inteligencia (Dina) y, además, de común acuerdo con las autoridades y policías -"soberanas", recalcó varias veces- de Argentina, Uruguay y Paraguay, en el contexto de la llamada Operación Cóndor. Su recomendación literal a los magistrados: "No debéis entrar a considerar siquiera esta operación, porque se trata de un acuerdo entre autoridades gubernamentales. Es como si ustedes comentaran las operaciones del MI 5 (servicio secreto) en el Reino Unido".El abogado Clive Nicholls cubrió el frente interno. Esto es, la ley internacional (los convenios de obligado cumplimiento o ius cogens no pueden primar sobre el derecho interno inglés). Es difícil ver cómo casa el hecho de que, según la abogada Montgomery, el derecho internacional no obliga al Reino Unido en ningún caso, con la afirmación de su colega Nicholls de que nunca debería anteponerse la ley internacional.

El espectro de Nuremberg flotó por la sala. Según Montgomery, "la tortura se puede justificar con malas razones y con buenas razones", pero, en todo caso, "en Chile ha sido un acto gubernamental".

Cuando su colega Nicholls dijo que, en su opinión, la inmunidad que conceden los tribunales británicos es absoluta, Lord Steyn le preguntó:

-La conducta de Hitler de la "solución final", del holocausto, sería entonces un acto oficial. ¿Está de acuerdo?

-Señoría, no hay limitaciones para la inmunidad. En nuestra opinión, la inmunidad es absoluta.

-¿Cuál es su posición entonces? Si no hay limitaciones a la inmunidad, Hitler estaría protegido por la inmunidad...

-Señoría, no hay limitación en nuestros tribunales y hubiera estado protegido, sí. Y esto es en virtud del State Inmunity Act.... No podemos moralmente buscar... Puede ser un asunto muy lamentable y grave desde un punto de vista moral, pero es un tema del Parlamento, que bien puede pensar que ha llegado la hora para que no tengamos la inmunidad absoluta.

Los cinco jueces, que tienen paridad entre ellos, emitirán sus votos en los próximas días. Fuentes judiciales estiman que serán votos individuales, fundamentados, que serán discutidos entre ellos y más tarde expuestos públicamente. El veredicto se decidirá por mayoría.