La bomba indonesia

EN MAYO pasado, los estudiantes indonesios encabezaron la revuelta social que acabó, no sin sangre, con 32 años de dictadura de Suharto, cambiando así el perfil del sureste asiático. A lo largo de esta semana se han repetido en Yakarta las manifestaciones, que ayer lanzaron a la calle a 20.000 prorreformistas y cuya represión por el Ejército, la más violenta desde la primavera, ha dejado 11 muertos y una oleada de inquietud en una región desestabilizada por la crisis económica. El motivo era el final de una sesión especial del Parlamento sobre la reforma política, en la que se ha ratificado la celebración de elecciones antes de junio y decidido la limitación de los mandatos presidenciales a un máximo de 10 años. Los todopoderosos militares, sin embargo, mantendrán sus escaños.Los reformistas creen que la Asamblea popular (Parlamento) -un residuo de la dictadura que domina el partido gubernamental Golkar, la mayoría de cuyos 1.000 miembros deben el escaño a favores del dictador derrocado- busca sólo la legitimación temporal del presidente en ejercicio, B. J. Habibie, y es incapaz de adoptar medidas para democratizar el archipiélago de 200 millones de personas. Dos de ellas en especial: la persecución de la familia Suharto por corrupción y nepotismo y el final de la tutela castrense sobre el proceso político. Desde el destronamiento de Suharto, las riendas del país están en manos de su protegido, el ex vicepresidente Habibie, cuya mayor credencial es gozar del apoyo de la cúpula militar que encabeza el general Viranto.

El conflicto político se maneja mejor en tiempos de bonanza. Pero en Indonesia se juntan decenas de millones de personas lanzadas a la miseria por la mayor crisis económica desde su independencia (se estima un crecimiento negativo del 18% este año), una corrupción rampante y una sociedad dividida en campos religiosos o étnicos. Este combinado es una bomba de tiempo. Y anticipa las consecuencias devastadoras que podría tener defraudar las expectativas democratizadoras.