El fiscal Balaguer no aprecia delito de genocidio en los hechos "más reprobables" de la querella contra Castro

El fiscal de la Audiencia Nacional, Javier Balaguer, presentó ayer su informe sobre la querella de la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba contra Fidel Castro, en el que considera que los hechos denunciados no pueden tipificarse como delito de genocidio, tal como lo interpretó el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.El fiscal presentó su escrito visado, pero sin añadidos del fiscal jefe Eduardo Fungairiño, partiendo de las tesis sentadas por la Audiencia Nacional sobre el delito de genocidio. Balaguer explica que la interpretación de la Audiencia, "no implica de forma necesaria y automática que todos los hechos o delitos contra la integridad física de las personas o contra su libertad ambulatoria, con sujeto pasivo plural, constituyan delito de genocidio".

El fiscal agrega que el delito de genocidio exige no sólo la destrucción total o parcial de unos determinados grupos, sino además una acción de "exterminio sistemática" dirigida a tal finalidad. Para el fiscal de la Audiencia Nacional, ninguno de esos elementos concurren en los hechos.

Balaguer señala que la acción probablemente "más grave y reprobable" de las referenciadas en la querella, el hundimiento intencionado de un remolcador que conducía a 72 personas que pretendían huir de la isla el 13 de julio de 1994, y en el que perecieron ahogados 42 pasajeros , entre ellos varios niños, "no forma parte de un conjunto sistemático de actos para la supresión de quien piensa o actúa de forma distinta -los "motivos políticos" a los que alude la Audiencia Nacional- sino que se trata de "una acción concreta contra un grupo", con el objeto e interceptar la huida del país, pero que carece de la finalidad de su exterminio o destrucción total o parcial. "Del relato de la querella, no cabe deducir la voluntad de eliminación o supresión de todos y cada uno de los ciudadanos prófugos del régimen cubano", añade Balaguer.

El fiscal concluye que la voluntad del Gobierno de Cuba de "reformar a quienes consideraba desviados sociales" excluye la destrucción de quienes piensan de modo distinto.