La defensa de Pinochet dice que está en juego "la estabilidad política en Chile"

La abogada Claire Montgomery, del equipo de defensores de general-senador Augusto Pinochet, solicitó ayer a los cinco magistrados de la Cámara de los Lores que asuman la jurisdicción y confirmen la sentencia que concedió el pasado 28 de octubre la inmunidad de Estado para el ex dictador, detenido en Londres desde el 16 de octubre, inmunidad que es objeto de un recurso de la fiscalía de la Corona, "para asegurar la estabilidad política en Chile". La defensa señaló que las desapariciones, torturas y asesinatos de que se le acusa fueron "actos oficiales".

ENVIADO ESPECIAL

"Porque lo que se contempla en este caso en el terreno de la extradición muestra que el agente en este caso, el ex jefe de Estado actuó reflejando una cierta autoridad, es decir, de un modo que le habilita a la inmunidad. Los hechos de que se le acusa son delitos que están amparados por la inmunidad. Caracterizamos la naturaleza de estos actos, reconocidos como soberanos, son actos de los militares, la policía, los servicios de inteligencia, del ministerio de Asuntos Exteriores", dijo la letrada, de treinta años, miembro del bufete del abogado Clive Nicholls. En ningún momento habló de "presuntos" crímenes de Estado, sino que presentó como hechos las acusaciones del juez Garzón contra el ex dictador. La letrada señaló que "Chile fue y es inmune" frente a las responsabilidades penales que pudieran derivarse de actos soberanos.Uno de los magistrados, lord Steyn, le replicó que "suena extraño" la afirmación de que Chile "es inmune", cuando no es parte en el pleito contra Pinochet. "Señor, cuando hablamos de un individuo, de alguien que representa al Estado, la acción por la que estamos aquí supone una intrusión en ese Estado", dijo la letrada.

La defensa de Pinochet ha elegido una clara opción: el ataque político. El pasado fin de semana, la prensa británica se hizo eco de una declaración de Pinochet intentando justificar el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Ayer, la línea escogida fue la estabilidad política y la presuntamente frágil transición política. "Dos principios compiten en la ley internacional: por un lado, inmunidad de Estado y sus agentes, y por la otra, la responsabilidad criminal que se deriva de las leyes internacionales y que estamos obligados a observar. Este tribunal tiene capacidad para considerar asuntos políticos bajo la doctrina de los actos de Estado". La letrada señaló que, en ese contexto, el Reino Unido había invitado a Pinochet a Londres "en la última ocasión".

Lord Slynn, presidente del tribunal, le preguntó: "La última ocasión, ¿a cuál se refiere?" La abogado dijo: "A esta ocasión". "¿Quiere usted decir que fue invitado del Gobierno de Su Majestad?". La abogada, con la boca pequeña: "Fue invitado por una agencia gubernamental".

Lord Steyn preguntó a la defensora de Pinochet por la convención que reprime la tortura, que plantea su castigo allí donde ocurra. "Ello lleva, por tanto, a examinar o intervenir en otros Estados", dijo. "Exacto, pero hay una doctrina flexible. Hay un equilibrio delicado entre las responsabilidades del individuo frente a los crímenes y la necesidad de la estabilidad social y política. Es un área frágil. Sus señorias, asumiendo jurisdicción en este caso, analizando las relaciones entre Chile y el Reino Unido pueden tener en cuenta los pactos políticos en Chile que aseguran la transición pacífica a un regimen democrático", razonó.

La responsabilidad por las torturas fue un asunto que dio para mucho, después que la abogada subrayase que las torturas realizadas bajo el régimen de Pinochet eran actos oficiales y no fueron ejercidas por sadismo. En otros términos, hay actos oficiales y privados. Lord Steyn aprovechó la brecha: "Entonces, si se tortura para obtener información de un detenido, se trataría de un acto oficial; en cambio si se tortura a una persona por el mero placer, sería un acto de sadismo", apuntó.

Otro magistrado, lord Hoffmann, que suele tener el rabillo del ojo siempre en el público de la sala, se refirió a la petición de extradición del juez Garzón y al hecho de que allí se afirma que Pinochet dio órdenes a la DINA (policía política de la dictadura chilena) para que se secuestraran personas, se les torturase y asesinarlas más tarde.

La letrada, fría, profesional, dijo que todavía no existía una petición formal de extradición en el Reino Unido. Se le replicó que existe una declaración jurada en el que se relata el contenido de dicha petición. La defensora señaló que los hechos ocurrieron como resultado de acciones oficiales en ejercicio de la función pública de jefe de Estado, y recordó que la policía, en los principales países, también "es soberana". La intervención de la letrada siguió a un alegato del abogado de Amnistía Internacional, el profesor de derecho penal internacional en el capítulo de derechos humanos Brian Bronwley, de la Universidad de Oxford, sobre la modernización del derecho en el castigo de los crímenes contra la humanidad.