Más que un trámite

El Gobierno de España ha cursado al Reino Unido la solicitud de extradición del ex dictador Augusto Pinochet. La decisión del Consejo de Ministros ha sido, por fin, respetuosa con la justicia, limitándose a cumplir la petición del juez Baltasar Garzón, una vez despejada cualquier duda jurídica tras el auto de la Sala de la Audiencia y tras haber sido derrotadas en toda línea las tesis obstruccionistas de la Fiscalía, que, no nos olvidemos, dependen en último término del Ejecutivo.La decisión, sin duda, tenía sus riesgos políticos. Y la reacción del Gobierno chileno así lo ha demostrado. Pero no deja de ser curiosa la llamada a Santiago del embajador en Madrid, cuando hace bien pocos años, en en 1993, el Gobierno y los militares chilenos reaccionaban con dignidad herida porque el entonces Gobierno socialista español también llamara a consultas al embajador por la actuación de los tribunales chilenos en el llamado caso Soria. La historia da muchas vueltas y hoy aquella llamada a la independencia judicial se vuelve en contra de las autoridades chilenas.

Pero sin duda debe prevalecer en este caso el auténtico tema de fondo. Que España formalice la persecución de un dictador responsable de diversos crímenes realizados fuera de sus fronteras es un paso más hacia la universalización de la defensa de los derechos humanos. Lo que hasta ahora era tan sólo objeto de la indignación ha entrado en el terreno de la persecución penal.

Es cierto que con este caso y otros muchos que pueden darse estamos pisando muchas veces tierra virgen en términos jurídicos. Y que hay que acotarla para evitar abusos. Pero el paso dado es mucho más que un gesto simbólico de condena, sea cual sea la decisión británica sobre el futuro de Augusto Pinochet. Es un magnífico aviso para otros dictadores que siempre se han amparado en la impunidad. La altivez de quien se hizo elegir senador vitalicio ya nunca podrá ser la de antes.